El secretario del Ayuntamiento de Granadilla de Abona considera que el concejal de Ciudadanos (Cs), Arquipo Quintero, que tiene delegada la gestión de la Oficina de Quejas y Sugerencias y del Consejo de Participación Ciudadana y Transparencia, "tiene la obligación legal, como miembro de la corporación, de someterse al control del pleno, contestando a las preguntas que se le formulen en el marco de la sesión plenaria".
Lo asegura en el informe jurídico emitido a petición del PSOE, después de que Quintero se negara a dar cuenta al pleno de su gestión, porque "no está obligado a responder a las exigencias del Grupo Socialista y, si lo hiciera, vulneraría la ley".
La autoridad jurídica del consistorio deja claro en su informe que "ni en la Ley (por la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local) se excluye de control a ningún órgano de gobierno, ni en el artículo 104.a del ROF (Reglamento de Organización y Funciones) se exime del mismo a ningún tipo de delegación".
Pormenorizando en la legislación, el secretario municipal recuerda que la norma le atribuye al Pleno de la corporación la facultad de acordar la comparecencia "de cualquier miembro de la misma que, además, tenga la condición de delegado del alcalde o presidente de la Diputación". Lo debe hacer "respondiendo a las preguntas que se le formulen sobre su actuación".
Quintero percibe un salario municipal por las gestiones que tiene delegadas, pero "la ley no permite que un concejal de la oposición le haga preguntas a otro miembro de la oposición".