El Consejo Consultivo de Canarias emitió el informe definitivo solicitado por el ayuntamiento sobre la recepción del Centro Tecnológico de Candelaria (Ctcan). "Sus conclusiones anulan de pleno derecho la recepción de una obra que no se había terminado de ejecutar en su totalidad", asegura el Grupo Municipal Popular, que insta a la alcaldesa "a que cumpla con el acuerdo plenario, no roce la prevaricación y finalice el expediente contra el exconcejal de Urbanismo así como el arquitecto director de la obra".

El portavoz del PP recuerda que el Ctcan se ha convertido "en uno de los graves problemas económicos del consistorio, al tener que devolver un préstamo del Estado por importe de dos millones de euros". Juan Miguel Olivera señaló que a ese importe hay que sumar 360.000 euros en intereses, un préstamo por valor de 600.000 euros y el pago de dos parcelas por un importe global de 400.000 euros en el Polígono de Güímar, en las que fue construido el centro.

El PP recuerda que el Pleno aprobó, el pasado 26 de abril, una moción de este grupo exigiendo responsabilidades políticas y técnicas derivadas por la recepción de las obras. Votaron a favor los 12 miembros en conjunto de la oposición, "mientras que el PSOE votó en contra para proteger a sus compañeros de partido de esta mala gestión de lo público".

Los populares entienden que es preciso "evitar que los candelarieros tengan que pagar la mala gestión política de los socialistas y, por ello, exigimos que las personas que firmaron el acta de recepción de las obras en nombre del Ayuntamiento de Candelaria abonasen los intereses y las costas ocasionadas por este despropósito".

Por ello, una vez cumplimentado y recibido el dictamen del Consejo Consultivo de Canarias, "instamos de nuevo a la alcaldesa socialista a cumplir con el acuerdo plenario y finalizar el expediente de revisión de oficio a Domingo Ramos Díaz, responsable de Urbanismo en el mandato anterior, y a Juan Cruz Torres Padrón, arquitecto director de la obra, para que desembolsen de su patrimonio las costas originadas por la incautación de los 213.490 euros de la certificación a la empresa Cobra, así como los intereses de demora y devengados del impago de la última certificación, la devolución de la garantía (6.197 euros) y las costas del juicio (4.000 euros)".

El dictamen del Consejo Consultivo "da la razón a aquellos que hemos defendido que existen otras formas de gobernar en Candelaria y no la que han llevado los socialistas en el anterior y actual mandato, máxime cuando necesitan ahora de consensos".

Para los populares, "Candelaria necesita limpiar vicios ocultos como el del Ctcan o la primera fase de la rehabilitación integral de Antón Guanche, entre otros". El PP concluye indicando que "velará para que se cumpla la legalidad en nuestro municipio".

La Audiencia condena al ayuntamiento

La Audiencia Nacional condenó al Ayuntamiento de Candelaria a devolver una subvención de 277.560 euros concedida por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para construir el Ctcan . El motivo es que la corporación incumplió los plazos para ejecutar este edificio y, por lo tanto, el Estado negó la concesión de una segunda prórroga.

La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información acordó, en 2014 y mediante una resolución, la recuperación del total de la ayuda otorgada, a lo que se opuso el ayuntamiento. La subvención fue aprobada en 2007 con la condición "expresa" de que las inversiones y gastos o compromisos debían ejecutarse a finales de 2009 y justificarse a principios de 2010.

La ayuda se enmarcó en el marco del Plan Avanza y consistía en una subvención de 277.650 euros más un préstamo de dos millones de euros, para cuya devolución el ayuntamiento pidió dos prórrogas, siendo la segunda denegada. La Audiencia Nacional apunta que tal negativa es conforme a derecho, dado el incumplimiento en la ejecución de las obras en el que incurrió la corporación. De hecho, el centro no fue acabado hasta el mes de julio de 2014, después de haberse iniciado en 2011, dos meses antes de que finalizara el último plazo solicitado que obtuvo la negativa por respuesta. Al respecto, la Audiencia indica que resulta "absolutamente inverosímil que se pudiera ejecutar la obra en el período máximo pretendido" y respalda la decisión del Ministerio de no conceder más prórrogas.

En la sentencia se recuerda que el límite para la finalización de la obra "ha sido notoriamente excedido" y de hecho, en 2013, un informe determinó que apenas se había ejecutado un 4,16% de la inversión, por lo que ni siquiera se habían iniciado las obras de construcción. Por ello, era imposible cumplir los objetivos planteados.