Tras estudiar nuevos documentos aportados en marzo de 2016 para apoyar la comunicación inicial realizada por PSOE y Sí se Puede en noviembre de 2015, la Fiscalía Anticorrupción decidió, el mes pasado, unir las diligencias para investigar "posibles infracciones en materia contractual" tras constatar "la existencia de múltiples vulneraciones a la legislación en materia de contratación" en el Ayuntamiento de Güímar. Señala como posibles infractores a la alcaldesa, Carmen Luisa Castro (PP), a la concejal Verónica Jorge (CC), y al exedil Sixto Alfonso (Alternativa por Güímar).
Muchos de los datos aportados al Ministerio Fiscal por la oposición pocos meses después de iniciado el mandato se basan en los informes desfavorables emitidos por la Intervención municipal "al identificar graves infracciones, principalmente en los procedimientos de externalización de servicios u obras, en el incumplimiento de trámites esenciales para las autorizaciones o en la contratación de personal eventual".
La acusación de "presunto delito de prevaricación de carácter continuado", según señala el concejal de SsP, Ruymán Expósito, se basa en las acciones emprendidas por su organización y por el PSOE, a su vez avaladas por el funcionariado, que tiene la obligación y responsabilidad legal de que se cumplan las normas". En este sentido, expresa su profundo malestar con la forma de gobierno de la alcaldesa, que "no solo compromete las arcas municipales y el presente y futuro de la ciudadanía de Güímar, sino que arriesga la carrera profesional de los funcionarios y personal de la corporación".
Los documentos que fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía se corresponden con el mandato anterior y con el actual, centrando mucho la atención en el papel de la alcaldesa. "Carmen Luisa Castro dinamitó todos los procedimientos garantistas para que las empresas puedan concurrir en igualdad de condiciones en las contrataciones municipales", afirma Expósito.
De la actuación de la Fiscalía, SsP desprende "que el objetivo de Castro desde que entró en el gobierno municipal parece ser la concesión de favores personales para consolidar apoyos políticos". A su juicio, "se trata del mayor caso de clientelismo y nepotismo político en la Isla". Recuerda que "en paralelo a estos hechos, la alcaldesa se ha hecho famosa por su derroche de frivolidad en fiestas y en acciones de lo más reprobables desarrolladas bajo el improbable argumento de promocionar al municipio en televisión".
Despilfarro y propaganda
La oposición explicó ayer que Airam Puerta (PSOE) aparece como denunciante solo "por personarse en la causa", algo que estudia hacer Sí se Puede. Matiza que es la propia Fiscalía la que "denuncia y procede de oficio a la investigación" ya que ambos partidos solo pusieron en su conocimiento "multitud de pagos realizados contra los informes de los técnicos". Los portavoces rechazan que la emergencia social pueda servir de amparo a la gestión de la regidora y aseguran que la actuación de la Fiscalía da la razón a la extesorera dimitida y "vincula a Güímar con los conceptos de despilfarro, propaganda y presunta corrupción".