Santa Cruz de Tenerife

El Ciatf no ha entregado aún el proyecto para legalizar el emisario

La Viceconsejería de Medio Ambiente no ha recibido el documento que debe elaborar el Consejo Insular de Aguas, al que comunica que suspende el plazo para evitar que expire.
El Día, Arafo
13/oct/17 5:55 AM
Edición impresa

El Consejo Insular de Aguas de Tenerife (Ciatf) no ha remitido aún a la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias el proyecto técnico imprescindible para proceder a la legalización del emisario submarino del Polígono Industrial Valle de Güímar. Con ello se incumpliría el plazo otorgado para ello, pero el departamento del Ejecutivo regional procedió a suspender el plazo dispuesto para emitir la resolución hasta el momento en que disponga de la documentación necesaria.

Esto supone un retraso sobre en la solución al problema suscitado en el complejo industrial del Sureste de la Isla, que mantiene en situación de ilegalidad los vertidos al mar que continúan produciéndose.

De momento, el Ciatf ha remitido a la Viceconsejería documentación previa y complementaria, pero desde el Gobierno regional le fue concedido (en julio pasado) al Consejo Insular de Aguas un mes de plazo para la entrega del proyecto del emisario a fin de proceder a su regularización, advirtiendo de que en tres meses procedería a dictarse archivo. Ello tendría consecuencias más graves, según fuentes municipales del Valle de Güímar.

Hay que recordar que las administraciones (ayuntamientos de Candelaria, Arafo y Güímar y Cabildo) tienen de plazo hasta el 13 de marzo de 2018 para resolver el problema de los vertidos ilegales y del emisario submarino del Polígono Industrial Valle de Güímar. En este periodo, otorgado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Santa Cruz de Tenerife, se mantendrá la suspensión cautelar de cerrar el emisario, pero al cabo de nueve meses no podrá prorrogarse la medida y tendrá que ejecutarse el cierre del emisario, medida planteada por el consistorio de Candelaria.

En el auto se indica que "durante estos nueve meses, las administraciones deberán hacer un censo de vertidos de cada empresa y núcleo de población en el primer mes, para luego controlarlos y obligar a pretratar sus vertidos a las empresas y núcleos urbanos que contaminen con sustancias peligrosas y sustancias prioritarias (...), con la potestad de cierre de los concretos desagües de vertidos individuales de empresas o núcleos urbanos que incumplan".

Hasta el momento, solo Arafo ha completado este censo, detectándose que más del 70% de las empresas instaladas en suelo arafero perteneciente al Polígono Industrial están en situación irregular y que 64 de ellas también vierten ilegalmente.

Güímar y Candelaria tienen avanzado el estudio, documento fundamental para avanzar en el procedimiento.

El convenio para aplicar la solución necesaria

El 31 de julio fue cuando el Cabildo, a través del Consejo Insular de Aguas de Tenerife (Ciatef), y los ayuntamientos de Güímar, Arafo y Candelaria firmaron un convenio de colaboración por el cual estos tres municipios encomiendan al Ciatf que tramite la autorización administrativa para legalizar los vertidos al mar que proceden de la zona industrial del Valle de Güímar, y a la vez la concesión de ocupación de bienes de dominio público marítimo-terrestre del emisario submarino situado en el polígono.