La empresa pública Visocan ha presentado una demanda contra el Ayuntamiento de Arona por incumplimiento de un convenio para edificar 35 viviendas sociales, cuya entrega ha quedado bloqueada por la situación judicial del Plan General de Ordenación del municipio, informó hoy la consejera de Vivienda, Cristina Valido.
La consejera dio estas explicaciones en comisión parlamentaria en respuesta a la diputada del grupo Popular Josefa Luzardo, quien se interesó por la situación de 35 viviendas sociales de La Camella, en el citado municipio, y que no han sido entregadas por Visocan.
Cristina Valido indicó que la judicialización de muchos planes generales en el archipiélago ha generado bastantes problemas y éste es uno de los casos.
El expediente relativo a estas viviendas se inició en 2006, cuando el Ayuntamiento de Arona formalizó un convenio con Visocan para ejecutar la promoción de 35 viviendas en La Camella y asumió el compromiso de ceder el suelo correspondiente y eliminar los obstáculos para que la parcela tuviera la condición de solar.
En 2008 se otorgó la escritura de cesión a Visocan y se concedió la licencia de obra mayor, y tres años después la empresa pidió al Ayuntamiento la autorización para ocupar las viviendas, ya finalizada su construcción.
Sin embargo en ese momento el PGO de Arona ya estaba denunciado judicialmente "y no se pudo hacer nada", pues muchas obras quedaron en situación de bloqueo.
Esta situación no dejó a Visocan otro camino que interponer una demanda contra el Ayuntamiento por incumplimiento de convenio, dijo la consejera, quien subrayó que ahora hay que esperar a que la justicia "diga qué ocurre y qué se hace".
Al respecto la diputada popular Josefa Luzardo confió en que la demanda se resuelva lo antes posible porque el paso del tiempo deteriora las viviendas y cuando se solucione habrá que rehabilitarlas.