El Ayuntamiento de Candelaria tendrá que cumplir la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Santa Cruz de Tenerife que condenó al Consistorio de la Villa a pagar 213.490 euros de la certificación de obra número 20, a devolver la garantía, a abonar intereses de demora y las costas del juicio. Todo ello suma en torno a 300.000 euros. La condena, que ha pasado a ser firme, debe ser ejecutada antes de que concluya este año.

Así lo aseguró el secretario de la Corporación candelariera a la comisión informativa de Urbanismo, órgano en el que la representación del gobierno local expresó su intención de recurrir a la figura de la inejecución de sentencia. En cualquier caso, el secretario advirtió de que su informe aconsejará el cumplimiento estricto de la condena.

Una de las cuestiones que se pusieron sobre la mesa durante el debate de este asunto fue la posterior reclamación de la cantidad que deberá pagar el ayuntamiento a Cobra. Reclamación que han de dirigir al exconcejal de Urbanismo así como al arquitecto director de la obra, siguiendo el correspondiente acuerdo plenario.

El equipo gobernante informó en agosto de que el expediente de revisión de oficio del acta de recepción del Centro Tecnológico de Candelaria (CTCAN) de 16 de julio de 2014 se inició el 21 de febrero, con la finalidad de declarar la nulidad de la misma y sancionar al contratista por incumplimiento del plazo de ejecución de la obra. El expediente se inició a raíz de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Santa Cruz de Tenerife interpuesto por la empresa contra dicha sanción, que dispone que el consistorio debe pagar la última certificación de 213.490 euros, que había sido retenida y recurrida al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que ratificó la condena, fallo contra el que el ayuntamiento presentó un recurso de casación, con resultado desfavorable a sus intereses.

La Alcaldía solicitó dictamen del Consejo Consultivo que determinó que el acta de recepción de 16 de julio de 2014 es contraria al ordenamiento jurídico y nula de pleno derecho, "algo por lo que abogaba el actual grupo de gobierno", constando en el expediente una nueva acta de recepción del CTCAN con fecha 14 de octubre de 2015. Finalmente, el 2 de agosto pasado, se resolvió el expediente de revisión de oficio mediante decreto por el que se anuló el acta de recepción de 16 de julio de 2014.

Respecto a la financiación de la obra, desde julio de 2014 el ayuntamiento continuaba devolviendo el préstamo y la subvención, tal y como estableció ese año el Ministerio de Hacienda.

Este proyecto, en uso actualmente y sede de la Agencia de Empleo y Desarrollo Local, es objeto de polémica desde el inicio.