"Esto nos coge de sorpresa y nos genera mucha inquietud. No sabíamos que estábamos en esta situación", señalaban desde una de las comunidades de vecinos afectadas por el expediente de dominio público marítimo-terrestre del tramo de costa de unos 3.208 metros, de Punta del Médano a la Playa de La Pelada, en Granadilla de Abona.

El expediente afecta a 92 propiedades en la actualidad, pertenecientes al Ayuntamiento de Granadilla de Abona (seis), a ocho comunidades de vecinos -Casa Inglesa, Lagos de Miramar III, La Jaquita, Maresía, Marina, Los Martines, Médano Beach y Avenida Europa, 25 (que suman más de 1.200 titulares)- que disponen de una docena de parcelas afectadas, a una empresa promotora (Tenesca, S.A.) que cuenta con otras 32, mientras el resto del suelo sujeto a recuperación posesoria es de particulares, especialmente extranjeros. En medio, un hotel aparece parcialmente afectado, y completa la lista dos propiedades cuya titularidad está en investigación.

Consultados después de que el gobierno municipal granadillero, que lidera José Domingo Regalado, mantuviera el primer contacto con el Servicio Periférico de Costas en Santa Cruz de Tenerife, sostienen que "la inquietud persiste", si bien "confiamos en la mediación de las autoridades locales".

La base argumental de esa "inquietud y nerviosismo" radica en que "nos enfrentamos a que es necesario reducir de 100 a 20 metros la línea de servidumbre de protección". O sea, que se encuentran ante el problema que vivieron otros lugares de la costa sureña, caso del litoral de Agache (Güímar) -que lo saldó positivamente para los vecinos en la vía judicial- y Cho Vito o Bajo la Cuesta, en Candelaria.

El mensaje que transmite el gobierno local es que "hay que enfatizar que este procedimiento de marcar la línea de deslinde marítimo-terrestre de forma definitiva no significa en ningún caso que vaya a producirse la demolición de ninguna vivienda".