Un auto emitido por el juzgado de Güímar da por concluidas las diligencias previas de uno de los procedimientos abiertos contra el centro de mayores Sor María de Jesús con la acusación a su gestora, Margarita Morales, de los presuntos delitos de estafa y de maltrato a mayores, según afirma el viceconsejero de Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Francisco Candil.

La causa judicial, en la que también está personado el Ayuntamiento de Güímar, deriva de las denuncias interpuestas en mayo del año pasado, cuando familiares de los ancianos que se encontraban en el inmueble trasladaron al juez las condiciones en las que encontraron a sus mayores, la imposibilidad de atender la petición de desalojar a un anciano porque precisaba de atención especializada y otros pormenores particulares de algunos de los mayores allí acogidos.

El viceonsejero se mostró satisfecho de la medida judicial: "Es necesario que los jueces estén comprometidos con la causa de la defensa de los derechos de los mayores. Hacía falta que judicialmente se persiga a aquellas personas que incumplen las normas, los decretos y, en definitiva, la ley y están vulnerando los derechos de las personas mayores".

La Viceconsejería de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias también concluyó ya su expediente contra el que denomina centro Sor María de Jesús, incoado el 3 de mayo de 2017, porque lo considera pirata y porque "operaba de forma totalmente irregular". El cierre del expediente incluye una sanción económica superior a los 70.000 euros.

La conclusión del proceso administrativo fue posible porque, finalmente, una persona vinculada directamente con el centro y su gestión recogió una de las numerosas notificaciones que le fueron remitidas desde la apertura del expediente, sin que ninguna de las anteriores fuera recepcionada por responsables del recinto.

Desde que se hiciera pública la existencia de este expediente, en mayo pasado, se vivió una situación singular en el lugar. La propiedad intentó cerrar el centro la noche del 13 de mayo, finalmente fueron trasladados a otro inmueble situado en el municipio de Arafo.

La decisión de la Consejería de Política Social de cerrar cautelarmente este inmueble derivó en un conflicto entre la dirección del centro y los familiares. Finalmente, eso permitió exponer a la opinión pública situaciones vividas en el interior del recinto contadas por vecinos del lugar y por las familias de los ancianos.

Dicen que los mayores no estaban bien alimentados, dicen que hasta suplicaban a los habitantes colindantes que les tiraran comida cuando estaban en el patio, explican que los levantaban a las tres de la madrugada para bañarlos, que les daban para desayunar agua y galletas, que algunos salieron del lugar con úlceras infectadas e infección de orina, que el centro cobró el importe íntegro de la última mensualidad y no ha devuelto la parte proporcional al servicio no prestado. Todo está en la vía judicial.

Margarita Morales

Margarita Morales, directora del centro, definía el inmueble situado en el número 45 (o el 27, que también figuraba en su fachada) de la güimarera calle Calvario, como "un hogar para los mayores, no un centro de crónicos". Lo dijo el 15 de enero de 2011 al defender públicamente la legalidad del servicio y de las instalaciones que gestionaba como el Centro Residencial para Mayores Sor María de Jesús. En el año 2000 comenzó la actividd de esta residencia de ancianos, reconvertida en el centro zen Dragonfly el 15 de marzo de 2017 y en un recinto de alquiler extrahotelero después, según Margarita Morales. La misma dijo entonces que se sentía víctima de una "caza de brujas", señalando como sus promotores a la concejala de Bienestar Social y a un trabajador municipal eventual. Ayer, la que fera responsable del Centro Residencial para Mayores Sor María de Jesús no respondió a las llamadas realizadas por EL DÍA al objeto de conocer su opinión respecto a la última decisión adoptada por el juez en este asunto.