La alcaldesa de Candelaria, María Concepción Brito, acudió ayer a un Juzgado de Güímar para prestar declaración por el procedimiento abierto en 2015, tras una denuncia de la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife, por un presunto delito de prevaricación administrativa que podría haber cometido cuando pertenecía al grupo de gobierno anterior al aprobar el presupuesto municipal con un exceso de puestos de personal de confianza.
Según ha podido saber EL DÍA, aparte de Brito acudieron a declarar el exalcalde de Candelaria, José Gumersindo García, y varios ediles y exediles socialistas.
Brito prefirió ayer no hacer declaraciones sobre esta toma de declaración judicial en el caso que, según adelantó EL DÍA en agosto de 2015, supuso el primer procesamiento judicial para la actual alcaldesa.
El anterior gobierno socialista fue denunciado por la Fiscalía en 2015
El origen de este proceso judicial es la aprobación definitiva del presupuesto del Ayuntamiento de Candelaria, ocurrida el 6 de marzo de 2015 con los únicos votos del Grupo Socialista. En la plantilla que refleja ese documento había 12 puestos de personal de confianza, algo que el propio secretario de la Corporación advirtió como ilegal en la sesión plenaria.
La Fiscalía entiende que con ello, el entonces gobierno de Candelaria incumplió la Ley de Racionalización y Sostenibilidad Local, "que permite un máximo de siete puestos de personal de confianza en la plantilla para aquellos municipios con población superior a 20.000 y no superior a 50.000 habitantes". La Villa Mariana tiene en torno a 26.000 censados.
En su denuncia, la Fiscalía fue rotunda: "La plantilla del presupuesto fue aprobada con los votos de los denunciados, a pesar de que conocían su ilegalidad, dado que fueron expresamente apercibidos por el secretario".