La contaminación en el Polígono Industrial Valle de Güímar va creciendo, denuncia el concejal de Izquierda Unida (IUC) en Arafo, Francis Hernández, quien ayer criticó públicamente "la acumulación de aguas residuales en gran cantidad y formando una charca en un entorno en el que se encuentran establecimientos de venta de productos alimenticios".

Personal de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun), dependiente de la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias, inspeccionó el entorno próximo al centro logístico de Hiperdino, donde se registra esta situación "desde hace más de una semana, sin que se haya producido intervención alguna para subsanarla", indicó el edil.

La Apmun realiza este tipo de inspección casi a diario y traslada la información al juzgado que mantiene abierta la causa sobre el cierre del emisario submarino por vertidos ilegales, asunto que está a expensas de la correspondiente resolución judicial una vez expirado el plazo de nueve meses que concedió el juez para disponer de las autorizaciones preceptivas.

El hedor que emana de la "charca de agua sucia", que desemboca en el mar, se percibe en gran parte del área que ocupa el Polígono Industrial Valle de Güímar, llegando a afectar a la población residente en los barrios de Playa de La Viuda (Candelaria), Playa de Lima (Arafo) y El Socorro (Güímar).

"Llueve sobre mojado y a nadie parece importarle", manifestó el concejal arafero de IUC, quien recuerda que este punto contaminante se encuentra en suelo de dicho municipio, "abundando en el deterioro que sufre la zona del Polígono que está adscrita a Arafo".

De hecho, el emisario está siendo objeto de una intervención en la actualidad, para su adaptación a la normativa vigente, en cumplimiento de la sentencia aludida. Pero los vertidos desde el Polígono Industrial Valle de Güímar continúan, pese a ser ilegales. Ayer, nuevamente, las administraciones emplearon un camión cisterna para extraer los vertidos que se realizan a través de la red al emisario, a fin de evitar más contaminantes. "Los responsables deben pagar", concluyó el concejal Francis Hernández.

El cierre del Polígono Industrial de Güímar no es una medida descartada. El mantenimiento de la situación de ilegalidad de los vertidos y su emisión al mar más allá del plazo de nueve meses otorgados por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 4 de Santa Cruz de Tenerife se agrava con situaciones como las que se registran actualmente en varios puntos del Polígono. El auto judicial del 13 de junio de 2017 cifraba en torno a 3.000 empleos los que pueden estar en riesgo en caso de que la autoridad judicial determine el cierre de este complejo industrial del Suroeste. Cabe recordar que el auto judicial mencionado y que dio origen a este problema emana de una denuncia que fue interpuesta por la Asociación de Propietarios y Empresarios del Polígono Industrial Valle de Güímar contra el Ayuntamiento de Candelaria, cuyo gobierno decretó, el 22 de mayo de 2017, el cierre temporal de este emisario submarino.