Mientras los ayuntamientos y el Consejo Insular de Aguas de Tenerife (CIATF) están a la espera de que la Viceconsejería regional de Medio Ambiente emita la autorización para verter, Sí se Puede (SSP) e Izquierda Unida Canaria (IUC) se personan como acusación popular en el caso de los vertidos incontrolados e ilegales que tienen lugar en el Polígono Industrial Valle de Güímar, hecho que investiga el Juzgado número 1 de Güímar a raíz de una denuncia presentada ante la Fiscalía por concejales de estos partidos en Candelaria, Arafo y Güímar.

Con la solicitud de personación como acusación popular se pretende "la máxima colaboración de estas organizaciones políticas con la labor del Ministerio Fiscal en la lucha por la exigencia de legalidad". Ambas organizaciones consideran que este asunto "es tan grave, desde el punto de vista medioambiental, como las extracciones irregulares que sufrió el barranco de Güímar, por el que fueron condenados importantes empresarios de la Isla". En este caso, "Tenerife se encuentra ante el mayor atentado medioambiental a su litoral".

SSP e IUC recuerdan que las actuaciones judiciales comenzaron a raíz de una denuncia que presentaron "hace casi un año" ante la Fiscalía de Medio Ambiente, en la que exponían "la caótica situación que se vivía en el Polígono Industrial Valle de Güímar con relación al tratamiento de las aguas residuales". Estas organizaciones denunciaban que se llevaba varias décadas vertiendo al mar las aguas industriales sin depurar, a pesar de contener "componentes altamente contaminantes derivados de su utilización en procesos industriales con elementos tóxicos de todo tipo".

Ambas formaciones llaman la atención sobre que estos vertidos contaron con autorización de la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias por resoluciones desde 1998, "incomprensiblemente", una autorización que "no debió otorgarse por la carencia de estación depuradora y las características de estas aguas, que proceden de procesos industriales y materiales altamente contaminantes, entre ellos, metales pesados".

Pero el Polígono cuenta con dos puntos más de vertidos de aguas residuales industriales: la Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) Polígono Industrial y el barranco, ambos en la vía litoral.

Sí se Puede e Izquierda Unida señalan que "la situación de ilegalidad en la que en estos momentos se vierten aguas residuales de origen industrial sin depurar no solo causa un daño contra el medio ambiente, que está penado por la Unión Europea (UE), sino que además, amenaza el futuro de las 250 empresas instaladas en el Polígono Industrial Valle de Güímar y los 3.000 puestos de trabajo que concentran".