El pleno del Ayuntamiento de Arona se sumará, el jueves, a Zaragoza y Madrid así como al Congreso de los Diputados: reclamará al Estado que flexibilice la regla de gasto o que la adapte en función de la salud financiera de cada consistorio. Ese parámetro, incluido en la Ley Orgánica 12/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, prohíbe a los ayuntamientos aumentar su gasto por encima de la previsión de crecimiento de la economía española, aunque el de los consistorios fuera superior.

Como resultado, Arona acumula un ahorro (también denominado remanente de tesorería) de 67,3 millones de euros, a pesar de multiplicar el gasto en inversiones y en servicios públicos -en 2018, las primeras superarán los 15 millones de euros y los servicios sociales se incrementan en un 4,6%- y de bajar los impuestos este año un 4%, el límite legal permitido. En Arona, el crecimiento económico es mucho más acelerado que el del gasto que le permite el Estado.

Así lo asegura el gobierno que lidera José Julián Mena. Con una ejecución del presupuesto del 86,10% en 2017, la deuda viva del ayuntamiento es cero euros, después de que en 2016 el nuevo equipo de gobierno procediera a liquidar los préstamos pendientes del mandato anterior.

Sin embargo, "y a pesar de esta evidente situación de buena salud financiera", el pleno tendrá que "incrementar las inversiones y el gasto en un 4,41%, porcentaje que entra sobradamente en la capacidad de un municipio que, a pesar de rebasar ese límite fijado por el Estado para todos los ayuntamientos por igual, registró un ahorro adicional de 24 millones de euros en 2017".

Por todo ello, el grupo de gobierno ha decidido llevar a pleno una moción institucional en la que se solicita "a las administraciones competentes en materia de regulación financiera de las Administraciones Locales (básicamente, el Gobierno central) para que flexibilicen la regla de gasto, de manera que se amplíe el margen de autonomía de las Administraciones Locales con salud financiera, como lo es el Ayuntamiento de Arona".

El texto solicita que los municipios con buena situación económica puedan, "en el desarrollo de sus competencias", dedicar estos recursos a inversiones esenciales en servicios públicos.

Desligarlo del país

La teniente de alcalde y concejala de Hacienda, Raquel García, subrayó que "es fundamental cambiar una norma como esta, pensada en época de crisis y para instituciones altamente endeudas, adaptándola a la situación actual de crecimiento y a entidades altamente saneadas, como esta corporación". Aboga porque el gasto del consistorio "no esté ligado a la previsión de crecimiento del conjunto del país, si ese municipio lo hace muy por encima. Como ocurre este año.

Por encima de la media

El portavoz del Grupo Socialista, Luis García, explica que "es evidente que la recuperación económica ha llegado a Arona con más fuerza que a otros municipios, por lo que los ingresos que se generan van a un ritmo muy superior al gasto que nos permite el Gobierno del Estado, lo que se traduce en un ahorro y un superávit anual que no tiene sentido y que no es posible reducir ni bajando los impuestos ni aumentando las inversiones, como hemos hecho".