"La indignación" se ha adueñado de las urbanizaciones Canteras del Sol y Abades cuando han conocido el importe total que deben pagar los vecinos por la ejecución forzosa de ambas urbanizaciones. Lo asegura el PSOE de Arico, que culpa al gobierno local de no informar debidamente a los afectados a fin de "evitar el profundo impacto que causó en numerosas familias de la zona".

"Simplemente, no pueden afrontar en un solo año, o en unos pocos meses que quedan del año, facturas que muchos casos superan los 3.000 euros", explica la portavoz socialista, Olivia Delgado, para quien se llega a esta situación "por la manifiesta incapacidad de la alcaldesa, Elena Fumero, en gestionar una situación que debía ser consultada e informada a la ciudadanía".

La concejal critica que "ni siquiera se han diseñado fórmulas que faciliten el pago al que asciende esa ejecución forzosa, ni se han reunido con los vecinos para estudiar la mejor forma posible para acabar las obras de la urbanización o para que conozcan los planes del gobierno de pasar al cobro estos meses tales derramas".

Para más inri, hasta el momento ha dejado mucho que desear el plan diseñado para el cuidado y mantenimiento de ambas urbanizaciones y del resto de las urbanizaciones de Abades, ya recepcionadas y en un estado de abandono deplorable.

"Abades ha sido urbanizado gracias al esfuerzo de los vecinos por lo que se multiplica la incomprensión ante el pago que tienen ante sí ahora la vecindad, que ve como un núcleo que fue en su día referente ahora languidece ante la inacción del gobierno", apunta Olivia Delgado. La misma reprocha que "han tomado esta decisión y enviado esas cartas de pago a través del Consorcio de Tributos sin sentarse con los afectados, algo absolutamente inaceptable".

En esa líneas, los socialistas ariqueros "exigimos que la alcaldesa recapacite y llame con urgencia a una asamblea vecinal donde se explique, paso por paso, qué ha ocurrido para llegar a esta situación y que se pongan sobre la mesa medidas que alivien la carga económica que ello supone". Proponen convenir con los propietarios afectados un aplazamiento en el pago de los gastos de urbanización, para hacer más factible y racional el cobro del citado pago.

"Creemos que, por supuesto, el Ayuntamiento tiene que ofrecer su asesoramiento para que las vecinos y vecinas no se sientan solos ante una situación que no entienden y que provoca indignación y quejas vecinales por el maltrato que reciben", subraya Delgado.