El concejal socialista de Arafo Samuel Rodríguez Batista acusa al alcalde de la localidad, José Juan Lemes, de poner en riesgo "unos 3.000 puestos de trabajo" en las empresas del polígono industrial de Güímar por instar a varias de ellas a poner fin "de forma inmediata" a sus vertidos de aguas residuales, "lo que equivale, en el fondo, a pedirles que dejen de ejercer su actividad".
"Hemos constatado que el alcalde ha enviado a varias empresas unas notificaciones en las que reclama el cese inmediato de todo tipo de vertidos hasta que entren en funcionamiento el emisario y la depuradora comarcal, proyectos que no dependen en ningún caso de los empresarios afectados", explica Samuel Rodríguez.
El edil del PSOE tilda de "disparate" la actuación municipal y considera que el Ayuntamiento de Arafo "solo pretende cubrirse las espaldas porque el plazo legal que dio el juez para resolver este asunto se acaba".
A juicio de Rodríguez, "cumplir estas resoluciones obligaría a suspender la actividad de empresas que, por ejemplo, no tienen más vertidos que los generados por unos aseos y una cocina". Además, el PSOE cree que el ayuntamiento discrimina a las empresas locales, "puesto que estas resoluciones solo afectan a las ubicadas en este municipio", ya que las alcaldesas de Güímar y de Candelaria "no han actuado de la misma manera que Lemes".
Las empresas del polígono de Güímar han solicitado al juez que lleva el caso una ampliación de la prórroga otorgada para resolver el problema de los vertidos ilegales.
El alcalde de Arafo, José Juan Lemes, declinó ayer hacer declaraciones sobre este nuevo conflicto abierto con las empresas del polígono industrial.