El Ayuntamiento de Arafo apercibió de cierre a tres empresas del Polígono Industrial Valle de Güímar por incumplir alguno de los trámites preceptivos referidos a su apertura, ampliación o actividad. Otras tres tienen avanzada la subsanación de los errores detectados en las inspecciones realizadas y solo una fue precintada ante la imposibilidad de proceder a corregir las anomalías en el plazo legalmente establecido.
Luis Domingo Marrero, concejal de Urbanismo y Obras, explicó que solo siete de las 220 empresas emplazadas en 1.072.827 metros cuadrados de suelo arafero que ocupa el Polígono Industrial Valle de Güímar (el 52,98% de la superficie del complejo) se encuentran en esta situación, detectada con la elaboración del censo de vertidos ordenado por el juez del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo el 13 de junio de 2017, a través del auto de medida cautelar provisionalísima de suspensión del cierre del emisario submarino decretado por el Ayuntamiento de Candelaria.
Las siete empresas realizan vertidos a la red de pluviales, una circunstancia que el concejal de Urbanismo atribuye al hecho de que "los hitos o tapas de los pozos de pluviales y los de saneamiento estaban intercambiados". Consecuentemente, "están advertidas de que tienen que subsanar tal irregularidad".
Luis Domingo Marrero incide en que "ninguna de las medidas descritas está relacionada con los vertidos ilegales que están siendo investigados y sobre los que estamos actuando". De hecho, la única empresa que cerró (una tintorería industrial) por orden municipal lo hizo al ocupar las zonas de retranqueo, no respetar la temperatura máxima a la que podía verter, la presencia de cuadros eléctricos en zonas de riesgo, exceder el número de máquinas respecto a las autorizadas en el proyecto... "Se pasó el tiempo, no cumplió y se precintó. Actualmente se le ha autorizado la retirada del material y concedido un plazo para que cumplimente todo el proceso que le permita reabrir cumpliendo con la legalidad".
Arafo afronta ahora "una medida complementaria inesperada", consistente en la legalización de los vertidos de la red de pluviales. Tales aguas van a parar a dos barranquillos situados en suelo arafero. Si bien se disponía de autorización del Consejo Insular de Aguas de Tenerife (Ciatf) para ello, un cambio de normativa genera esta nueva exigencia de la Viceconsejería de Medio Ambiente. "El documento está en periodo de redacción de forma que será entregado al Gobierno de Canarias y al Ciatf a finales del mes de julio, en tiempo y en forma", manifiesta Luis Domingo Marrero.