El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Santa Cruz de Tenerife ha notificado hoy el auto que resuelve la segunda medida cautelar sobre la suspensión de cierre del emisario submarino del Polígono Industrial del Valle de Güímar, en Tenerife.
La medida tiene en cuenta el eficaz control que las administraciones han proyectado sobre las emisiones, certificadas por analíticas de la Universidad de La Laguna, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
El magistrado que dictó la sentencia, Jorge Riestra Sierra, ha explicado en el auto que la primera medida cautelar, decidida el 13 junio de 2017, expiró a los nueve meses inaplazables desde su concesión, sin posibilidad de continuar desplegando efectos.
El auto de esta segunda medida cautelar acuerda una nueva suspensión cautelar del cierre del emisario del Polígono Industrial, con un contenido diferente, y no es prórroga o continuación de la primera medida cautelar.
El asunto tiene un "evidente interés público medioambiental; no afecta a la intimidad de ninguna persona, y por ello el Juzgado hace pública esta información a través del gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia, previa notificación a las partes", se indica en un comunicado
El juzgado en esta resolución de medida cautelar considera que el interés general de preservar los valores medioambientales de aguas costeras de buena calidad, que exigen las directivas europeas, y la legislación sobre aguas y salud pública, resulta protegido con las medidas que han llevado los ayuntamientos de Candelaria, Arafo y Güímar en coordinación con el Consejo Insular de Aguas de Tenerife.
Una de las medidas es la de censos de vertidos, que permiten conocer lo que vierte cada empresa, su composición, y qué pretratamientos tiene, y otra son los análisis de agua costera, cuya valoración de calidad ha resultado positiva, se añade en el comunicado.
Otras medidas son la puesta en marcha de la antigua estación depuradora que ya supone una reconducción interina del tratamiento de los vertidos a un estadio anterior en que estaban autorizados, y la redacción del proyecto de una nueva Estación Depuradora de Aguas Residuales Industriales mucho más ambiciosa con una base de licitación de 6.916.445,76 euros.
También destaca la previsión de un cronograma detallado de un Plan de etapas para obtención de la legalización definitiva de los vertidos depurados y de la puesta en marcha y una vez construida la nueva Estación Depuradora de Aguas Industriales.
Según esta decisión del Juzgado, de una situación descontrolada y de abandono se ha pasado a una situación de conocimiento y control de los vertidos, de tratamiento y trámite de legalización, con una mejora sustancial de la situación medioambiental, según los análisis en el mar efectuados, con resultado de buena calidad de las aguas.