La directora del Instituto Canario de la Vivienda (Icavi), Pino de León, desmiente que las 12 viviendas de protección oficial en régimen especial en venta en el municipio de Guía de Isora estén sin adjudicar, como así asegura el alcalde del municipio, Pedro Martín.

Pino de León aclara que se trata de 12 viviendas protegidas, de promoción privada en régimen especial en venta y comercializadas por la empresa pública Visocan. Por lo tanto, "no estamos hablando de una cesión de suelo municipal, sino de la compra de un solar por parte de Visocan y la construcción posterior".

Explica que para acceder a la compra de estas viviendas se ha de estar inscrito en el registro público de demandantes, asegurando que en la actualidad "ya hay dos escrituradas y ocho en contrato privado y en fechas próximas para formalizar la escritura; el resto se encuentra en reserva o a punto de cerrarse la venta", informó la directora del Icavi.

Pino de León mostró su extrañeza por las declaraciones del alcalde de Guía de Isora, "que sabe perfectamente cuál es la situación de las viviendas y que si no la sabe, en el ámbito de la lealtad entre administraciones, podía haberme llamado antes de realizar unas declaraciones que son incorrectas". La directora del Icavi aseguró que, "en todo caso, cuando sí estaban disponibles era en 2015 y 2106, años en los que el PSOE dirigía el Instituto Canario de la Vivienda".

Existen dos tipos de viviendas protegidas, las de promoción pública y las de promoción privada. Las segundas, "que son las que nos ocupan", enfatiza, son aquellas que, reuniendo los requisitos de superficie, uso, destino, calidad y precio máximo reglamentarios, y no estando el acceso a las mismas sujeto a un procedimiento administrativo reglado, reciban esa calificación por el Instituto Canario de la Vivienda. Puede ser promotores de viviendas protegidas de promoción privada cualquier persona física o jurídica, privada o pública, en este último supuesto en ejercicio de la iniciativa pública económica.

Las viviendas de promoción pública son aquellas de titularidad pública promovida, sin ánimo de lucro, por el Instituto Canario de la Vivienda (Icavi), los Consorcios Insulares de Vivienda, en su caso, y los ayuntamientos o por cualquier entidad pública vinculada o dependiente de los anteriores en ejercicio de la competencia que la ley les atribuye, y cuya adjudicación queda sujeta a un procedimiento reglado.

El alcalde aseguró en su día que estas 12 viviendas están sin adjudicar desde 2015.