El dictamen del Consejo Consultivo de Canarias en el que se informa "favorablemente la declaración de nulidad" de la primera fase de la obra del Área de Rehabilitación Integral (ARI) de las viviendas sociales de Antón Guanche" -cuyo expediente de revisión de oficio fue incoado el 1 de marzo de 2018- "debe tener consecuencias directas para quienes desoyeron las advertencias del secretario municipal y de algunas formaciones políticas". Lo aseguró ayer el concejal de Vecinos por Candelaria (VxC), para quien el consistorio "tiene que exigir responsabilidad patrimonial a quienes fueron, por gestión, toma de decisiones y por firmar, los responsables políticos directos de esta chapuza: José Gumersindo García y Domingo Tomás Ramos", exalcalde y exconcejal de Urbanismo, respectivamente.

El 25 de octubre del año pasado, el pleno acordó "incoar la revisión de oficio del expediente de contratación del proyecto de obra y de la adjudicación de las obras de la primera fase y exigir las responsabilidades económicas y políticas que se deriven de la misma". Ocurrió a propuesta de PP y SsP. El expediente para la reclamación de responsabilidad patrimonial a los exgobernantes citados y está en elaboración.

Sabina (CC) exige al gobierno local "soluciones inmediatas a las familias afectadas por esta "chapuza" que afecta a la calidad de vida de los vecinos, "a quienes el PSOE engañó y continúa mintiendo". Por eso, "instamos a la alcaldesa y a su gobierno a que comparezca ante las 70 familias para que les de las oportunas y reales explicaciones".

José Fernando Gómez (VxC) y Carlos Sabina coinciden en advertir de que "peligra la segunda fase o ARRU de la barriada, ya que no se permitirá iniciar esas obras mientras no se subsane la primera". Ambas se construyen con fondos procedentes del Gobierno del Estado, de Canarias, Cabildo de Tenerife, ayuntamiento y las familias, que aportaron 1.500 euros por vivienda. Ambos ediles esperan "una actitud ejemplar en defensa de los intereses vecinales y públicos, por encima de quienes hoy denigran a Candelaria".

Coello advierte del riesgo de tener que devolver un millón

El dictamen del Consejo Consultivo "era más que previsible y viene a confirmar la gestión absolutamente chapucera que la empresa Epelcan, bajo la dirección política directa del exconcejal de Urbanismo y del exalcalde de Candelaria, hizo en la obra de la primera fase de la rehabilitación de Antón Guanche". Lo afirma Mayca Coello, la portavoz de Sí se Puede (SsP), quien recuerda que "esa perjudicial gestión" la denunciaron los afectados, "que aportaron un importante porcentaje de la financiación de la obra", y su propio partido en los consejos de administración de la empresa y en el pleno. Coello sitúa la preocupación ahora en que la nulidad de estos actos administrativos pueda suponer la exigencia de responsabilidades al ayuntamiento por parte de las administraciones cofinanciadoras (Ministerio, Gobierno de Canarias y Cabildo) o, incluso, la devolución económica de más de un millón de euros. "También nos preocupa que esta situación pueda hacer peligrar las urgentísimas reformas que la primera fase del ARI Antón Guanche necesita". Si esta situación derivara en sobrecostes, "el ayuntamiento deberá exigirlos a sus directos responsables políticos y técnicos. Estudiaremos concienzudamente el informe que realice el secretario municipal y valoraremos la diferentes vías de actuación", concluyó.