En enero del año 2012 fue cuando el Ayuntamiento de Candelaria, a través de la Entidad Pública Empresarial de Gestión de Empresas y Servicios Públicos (Epelcan), comenzó el Área de Rehabilitación Integral (ARI) de las primeras 70 viviendas de Antón Guanche. La intervención se centraba en las zonas comunes y como objetivo tenía la mejora de las fachadas, cubiertas, red de saneamiento, abastecimiento, baja tensión y telecomunicaciones, así como la revisión de la accesibilidad al edificio. La actuación debía durar unos diez meses con una inversión total de 1.024.100 euros, financiación repartida entre Ministerio de la Vivienda, Gobierno de Canarias, Cabildo y Ayuntamiento de Candelaria. Los vecinos aportaron entre todos 175.000 euros (2.500 euros por vivienda).
Lo anunció oficialmente así el gobierno municipal de entonces, liderado por José Gumersindo García y con Domingo Tomás Ramos como concejal de Urbanismo. Hoy, los vecinos de la barriada Antón Guanche "queremos que intervenga la Fiscalía, que el tema llegue a manos del Ministerio Fiscal para que se depuren las responsabilidades a que haya lugar, desde el director de la obra, hasta la empresa Epelcan y el gobierno municipal de la época". Para ello, mantienen conversaciones con la oposición en el consistorio.
El dictamen del Consejo Consultivo de Canarias en el que se informa "favorablemente la declaración de nulidad" de la primera fase de la obra del Área de Rehabilitación Integral (ARI) de las viviendas sociales de Antón Guanche, con expediente de revisión de oficio incoado el 1 de marzo de 2018, genera alarma en la corporación e inquietud entre las autoridades y los vecinos.
En estos, "porque la tarde en la que el ayuntamiento recibió ese dictamen se reunieron con nosotros y no comunicaron nada al respecto, sino que se nos dijo que para reparar los desperfectos del ARI hay que hacer otro proyecto, en aplicación de la nueva Ley de Contratos"; en aquellas, porque sospechan que tendrá un coste económico elevado y porque los que precisan soluciones urgentes son los vecinos.
Esas soluciones deben aplicarse "a los daños que seguimos padeciendo", señaló un portavoz vecinal, enumerando como tales "el sobrepeso de las azoteas (colocaron piedras en lugar de picón), los depósitos de agua están inoperativos, la red de saneamiento es muy antigua -del año catapum- y sufre obstrucciones inundando la plaza interior de aguas fecales, las escaleras están reventadas, los bloques de viviendas se inundan..."
A la espera de los informes municipales para adoptar las medidas precisas, la anulación del ARI Antón Guanche afecta a la rehabilitación de 70 viviendas en las que habitan unas 170 personas.