El grupo de vecinos de Bajo la Cuesta (Candelaria) busca la mediación del Diputado del Común para encontrar una solución al problema del desalojo que padecen desde el 27 de octubre de 2016. La reunión sirvió para que el titular de la institución, Rafael Yanes, conociera "de primera mano la dramática y, a la vez, surrealista situación que padece este colectivo desde que fueran desalojados por decreto del Ayuntamiento de Candelaria".

Las peticiones de los vecinos, recogidas en la queja presentada y en fase de investigación por parte de la oficina del Diputado del Común, se basan, entre otras cosas, en la vulneración del derecho a la vivienda. Indicaron al diputado del común que algunos llevan más de dos años viviendo en un campamento "que perdió la categoría de provisional", carente de servicios básicos y azotado por las inclemencias meteorológicas (la Dirección General de Seguridad y Emergencias declaró más de una decena de alertas que afectaron a la zona durante este tiempo). Algunos están acogidos temporalmente en casas de sus hijos, otros familiares y amigos.

Los vecinos insistieron ante Yanes en "la falta de previsión social" a la hora de realizar el desalojo, "al no prever la administración local la realidad diaria que hoy padecen estas personas, carentes de ayudas municipales para alquilar una vivienda de realojo".

Manifestaron que es totalmente contrario a los derechos fundamentales mantener un desalojo "forzoso provisional" por tiempo indefinido, mostrando su sorpresa porque la alcaldesa de Candelaria asegure que "no solicitará a la Dirección General de Costas la autorización necesaria para acometer las obras de protección y estabilización del resto del talud". Sorpresa que aumenta porque lo afirma "aun contando con el compromiso del Cabildo de Tenerife de sufragar el 33% del coste (unos 225.000 euros) de las obras necesarias para asegurar el talud en dominio público marítimo terrestre".

Rafael Yanes tomó nota de que esta obra es esencial y de la afirmación de los vecinos de que todas las administraciones supramunicipales acordaron "dotar económicamente la realización de este proyecto de estabilización del talud" cofinanciando su coste. La única condición es que el Ayuntamiento de Candelaria solicite la necesaria concesión del dominio público marítimo terrestre a Costas. "Lo acordado en aquella reunión se ha quedado en nada por el errático e ilógico comportamiento de la alcaldesa", dijeron los vecinos al diputado del común.

"Por no saber, la alcaldesa no sabe dónde residen habitualmente los vecinos desalojados de sus casas por un decreto que ella firmó. Desconoce la residencia habitual en estos dos años de los desalojados por orden suya".

Continuará con el análisis de los datos aportados

El Diputado del Común de Canarias, el güimarero Rafael Yanes, transmitió a los vecinos la responsabilidad de esa institución de defender el derecho a la vivienda y les anunció que continuará con el análisis e investigación de los datos aportados por los vecinos. Los mismos agradecieron el interés mostrado por el Diputado del Común y manifestaron su "firme decisión" de mantenerse en su actitud de seguir denunciando su situación ante las instituciones necesarias y la vulneración de sus derechos fundamentales por todos los medios.