La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ordenó una nueva remisión al Ministerio Fiscal de los tres tomos de la ejecutoria del conocido como "caso áridos de Güímar". El objetivo es que la Fiscalía "informe en el sentido de la diligencia de ordenación del 4 de febrero", es decir, que se pronuncie sobre si pide la entrada en prisión inmediata o que depositen fianza los tres empresarios areneros que operaron durante años en los barrancos de Badajoz (Güímar) extrayendo árido.
La diligencia fue ordenada anteayer como respuesta a la solicitud del Ministerio Fiscal de la hoja histórico penal actualizada de los empresarios condenados e información sobre otros procedimientos dirigidos contra los mismos, parte de la cual está incluida en el sumario.
El 28 de enero de 2016, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife condenó a un año y tres meses de prisión a José Enrique Morales, Pedro Sicilia y Antonio Plasencia, empresarios responsables de la industria dedicada a la extracción de áridos en Güímar. Al tiempo, el tribunal suspendió la entrada en la cárcel de los tres durante dos años con la condición de que procedieran a "la adopción, a cargo de cada uno de los condenados, de las medidas encaminadas a restaurar el equilibrio ecológico perturbado en cada una de las áreas donde los acusados ejercieron la actividad".
En la actualidad, para evitar la condición de preso,s deben abonar 168.423.159,13 euros en conjunto y como fianza, de forma que Pedro Sicilia, representante de Extracciones de Áridos Canarios (Extracsa), aportaría 39.064.475,65 euros; Antonio Plasencia, por la sociedad Áridos del Sur (cantera Badajoz), 66.422.000,46 euros, y José Enrique Morales, 62.936.683,02 euros, como representante legal de Hermanos Morales Martín (Badén II).