El director de la Refinería de Cepsa en la capital tinerfeña, Salvador García Claros, afirma, a raíz de la posible incertidumbre social que se podría haber generado por el estudio de la Universidad de Santiago de Compostela, encargado por el Ayuntamiento de Santa Cruz, sobre la calidad del aire de la capital, que ha detectado metales pesados y otras sustancias, que en la empresa se sienten "tristes por el hecho de que estás cosas salgan a la luz sin sentido", y señala, en declaraciones hechas ayer a este periódico, que no entiende que el alcalde, Miguel Zerolo, critique que la refinería no cumpla a la hora de facilitar los datos de las emisiones.

En el caso de que la aparición de este tipo de informes respondan a un intento por justificar una posible expansión de la zona urbana de la ciudad a través del lugar que ocupa esta industria, Salvador García reconoce que "puede haber grupos que tengan esa intención, pero habrá que decirles que los terrenos son de Cepsa y que llevamos 80 años aquí". También se cuestionó ayer que "tras estos años atendiendo al pueblo canario", ¿por qué se tiene que ir la refinería? "Pagamos los impuestos, damos trabajo, suministramos el combustible y ningún informe puede decir absolutamente nada de que ponemos en peligro la salud de los ciudadanos", sostiene.

El director de la Refinería indica que se deberían estudiar otras zonas de expansión de Santa Cruz, "pues no podemos entender por qué Cepsa se tiene que ir, máxime cuando cumple con la ley y hace un servicio público".

La empresa, que aún no ha recibido oficialmente el estudio, señala que no discute su metodología ni rigor académico, aunque muestra su extrañeza por el hecho de que se haya recurrido a la Universidad de Santiago de Compostela y no se decantara el ayuntamiento por un centro próximo como La Laguna. En este sentido, el responsable de Cepsa indica que ya se han iniciado contactos con el centro superior tinerfeño y que, "a corto plazo, se podrán desarrollar algunos acuerdos con los que profundizar en todos estos temas". Al respecto, García Claros explicó que las particularidades de cada territorio "son importantes, pues Santa Cruz está en suelo volcánico y cuenta con una serie de vientos dominantes, que constituyen una serie de informaciones que son muy importantes tenerlas de manera más cercana".

El director de la Refinería, que espera que la publicación de este informe no derive en desencuentros con las instituciones, "y que no se produzcan más en el futuro", mostró su predisposición a colaborar con las administraciones.

Salvador García Claros añadió que Cepsa ha asumido recientemente una importante inversión destinada a la mejora de la seguridad y la calidad ambiental de las instalaciones, por lo que, "en cualquier medición que se elabore, su tendencia será la reducción, como en el resto de las industrias".

Aclaró que esta compañía invierte entre 25 y 30 millones de euros anuales en seguridad y calidad ambiental, "por lo que decimos que no entendemos muy bien a cuento de qué sale ahora este tema, basándose en un informe técnico". No obstante, explica que ya se han puesto en contacto con la Universidad de Compostela "para discutir el informe y la metodología empleada, que no está homologada en Europa, para determinar situaciones que nos beneficien a todos en la calidad del aire".

El director de la Refinería aseveró que la factoría de la capital ya ha realizado medidas para "cumplir con lo que nos obliga la ley a partir de 2013 para determinados contaminantes, cuyos resultados indican que cumplimos y satisfacemos esos requerimientos".

Cumplir con la ley

García Claros, que ayer realizó una visita a las instalaciones de El DÍA, junto al director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Cepsa, Luis Calderón Castro, donde departieron con el editor-director del Grupo de Comunicación EL DÍA, José Rodríguez Ramírez, dijo que la compañía "no sabe o no entiende" el motivo por el cual se presentan estudios de estas características, pues precisó que la compañía cumple con todas las exigencias de la normativa.

Comentó que la instalación de refinado cumple sobradamente el marco legal que abarca la Declaración Integrada y el Real Decreto, pero también comentó que para el año 2013 entra en vigor una norma comunitaria, en la cual se establecen determinados parámetros que, "de acuerdo con nuestros estudios continuos, ya cumplimos perfectamente con lo que se va a exigir". En este sentido, el responsable de las instalaciones explicó que "no sólo estamos adelantados, sino que lo vamos a seguir estando, a consecuencia de las importantes inversiones que realiza Cepsa en sus refinerías para buscar menos contaminación y un mejor control de las emisiones".

García Claros indica que cuando el Real Decreto habla de la calidad del aire, hay que incluir a todos los contribuyentes en la emisión, "donde uno de ellos es la refinería, no lo podemos negar, pero también está el tráfico rodado, el marítimo y la actividad propia de la sociedad en la que vivimos".

El director de la Refinería destacó la complejidad de los procesos de medición de los niveles que determinan la calidad del aire, "lo que significa una problemática para poder determinar los factores que contribuyen".

El traslado al acecho

A raíz de este estudio, el debate social sobre la necesidad de trasladar la refinería a un nuevo emplazamiento ha vuelto a cobrar vigencia, un aspecto que, para los responsables de la empresa, "hoy por hoy no cuenta con posibilidades técnicas". En todo caso, señaló que, ante un hipotético traslado de la factoría, "la posibilidad más factible sería la desaparición total de su actual enclave y la construcción de una nueva, pero sin un emplazamiento definido".

Esta decisión acarrearía consecuencias importantes para Canarias, puesto que esta planta produce el 85% del combustible que se consume en las Islas, produce el 15% de la electricidad de Santa Cruz; en torno al 55% del volumen de mercancías del puerto de la capital, el 90% del consumo eléctrico del Archipiélago, así como 450 empleos directos y otros 400 que se ocupan de manera permanente de estas y otras instalaciones.

El representante de Cepsa hizo hincapié en que esta industria lleva casi 80 años en la ciudad y que, por tanto, "en estos momentos no se estudia un cambio de emplazamiento", puesto que, entre otras cuestiones, "no hay un motivo definido para ello, pues nuestros informes medioambientales son correctos; cumplimos con la legislación y nuestros estudios nos dicen que atendemos la legalidad".

En Cepsa no se asume el plazo de 12 años que refleja el PGO después de su aprobación para hacer efectivo el traslado como un ultimátum, pues la intención "es de continuidad, ya que primero tendrá que aprobarse el planeamiento, y que quienes lo elaboren sepan los datos reales y a lo que se exponen. No obstante, trasladar una refinería, humanamente no es posible".

Además, añadió que las refinerías hacen análisis continuos a sus trabajadores, "que están tan sanos como cualquier otro ciudadano del mundo, ya que no hay contaminación real que perjudique". En este sentido, señala que en los últimos 10 años "han muerto 12 personas que formaban parte de la plantilla de la Refinería, con patologías como cáncer de pulmón, por casos de fumadores; cáncer de colon, debido a la edad, o un infarto, afecciones que no se identifican con la actividad".