La fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife, Carmen Almendral Parra, ha denunciado al Ayuntamiento de La Laguna por un presunto delito contra la Administración pública previsto y penado en el artículo 404 del código penal y relativo a la prevaricación (actuar conscientemente de forma irregular) por el incumplimiento de la sentencia que obliga al cierre de la galería comercial de Alcampo en el municipio. Según ha trascendido a EL DÍA de fuentes solventes, la fiscal registró su denuncia bajo el número 52/09 y la derivó al juzgado decano de instrucción de La Laguna para que realice las diligencias correspondientes.

La decisión de la fiscal obedece a la denuncia y la documentación que le presentó la Federación de Comercio de Tenerife (Fedeco) el 3 de abril tras constatar que no se cumplía la resolución judicial de octubre de 2007 que anula la licencia de obras concedida por el consistorio en 2004 porque se debía contar antes con una licencia comercial específica del Gobierno regional a la que se oponía el Cabildo, cuya opinión resulta vinculante.

El gobierno local y su equipo jurídico dijeron ayer desconocer esta denuncia o si supone una novedad respecto a lo publicado hasta ahora. Por ese motivo, se limitaron a insistir en que están cumpliendo las resoluciones dictadas y sus plazos. No obstante, y según le consta a EL DÍA, esta nueva denuncia de la fiscal no tiene nada que ver con la presentada en 2008 contra el anterior edil de Urbanismo, también por supuesta prevaricación.

Fedeco recalcó ayer su respeto a la Justicia y los Tribunales e insistió en que, pese a conocer esta denuncia desde ese mismo día 7 de mayo, "no la hemos utilizado". También subrayó su confianza en que la jueza del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Santa Cruz "resuelva en breve la ejecución forzosa de la sentencia, procediendo al precinto de la galería por la Policía Nacional".

La Federación recuerda que, a instancias de Alapyme, ya advirtió en 2004 a la entonces alcaldesa, Ana Oramas, "en un Consejo de Gestión de la Gerencia de Urbanismo, "que otorgar las licencias por silencio administrativo podría tener consecuencias penales". También recuerdan que, "en muchas ocasiones, se ha advertido tanto al alcalde, Fernando Clavijo, como al director general de Comercio, Arturo Cabrera, que el proceder que estaban teniendo en no cerrar la galería podría constituir un presunto ilícito penal", indicios que ahora se refuerzan con la decisión de la fiscal.

"Llegados a esta situación -recalca-, no hay marcha atrás porque el Ministerio Fiscal es garante del Estado de Derecho, al igual que los Tribunales. Si han apreciado en la actuación realizada hasta ahora por Clavijo, Aimara Calero y Arturo Cabrera indicios de presuntos delitos de prevaricación del artículo 404 del Código Penal, tienen la obligación, y así lo han hecho, de iniciar las correspondientes diligencias judiciales". La entidad comercial critica que siga sin cumplirse una sentencia de octubre de 2007. "En este tiempo -y según señalan en declaraciones a EL DÍA-, a nuestra Federación han llegado múltiples quejas de comerciantes sobre si existen dos varas de medir, según se sea un pequeño comerciante o una gran superficie como Alcampo". Por ese motivo, confían en que "este procedimiento penal aclare definitivamente esta cuestión, en el sentido de que desde la administración se tiene que tratar a todo el mundo por igual y, si no se hace, hay consecuencias. Bastante pacientes hemos sido los comerciantes, que hemos sido insultados y atacados por el simple hecho de ganar una sentencia y pedir su ejecución".

La entidad de pymes recalca que no prejuzgará el resultado de este proceso penal, pero sí considera "muy positivo que se investiguen los hechos y la actuación que han tenido hasta ahora el Ayuntamiento de La Laguna y la Dirección General de Comercio".

Los argumentos de Fedeco coinciden en gran parte con los del PSC local, que en el último pleno ordinario volvió a exigir al alcalde que cumpliese la sentencia y no "dejara en evidencia" al consistorio.

La edil de Urbanismo, Aymara Calero, indicó el miércoles a EL DÍA que no había ninguna novedad. Hasta ahora, ha mantenido que sigue en firme la resolución del pasado 19 de enero en la que se certifica que la interpretación y la aplicación que está haciendo Urbanismo del cumplimiento de la sentencia es correcta "y se ajusta a derecho". En este sentido, y aunque admite que probablemente se tengan que anular las 12 licencias otorgadas por el consistorio a los comercios, esto no significa que estas empresas reclamen daños y perjuicios, compensación que, de momento, no está cuantificada.