El municipio de San Miguel de Abona amaneció ayer sobresaltado con la noticia de la detención del anterior alcalde y actual concejal de la oposición, el nacionalista Arturo González Hernández, realizada por la Policía Judicial de la Guardia Civil, en el seno de la "Operación Mikel" por los presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.
Paralelamente, la Benemérita también procedía a la detención de otras tres personas más relacionadas con la presunta trama de corrupción urbanística, e imputaba a una quinta.
Una de ellas era el ex interventor del Ayuntamiento sanmiguelero y actual interventor del Consistorio de Candelaria, Nicolás Rojo Garnica, imputado provisionalmente por presunta usurpación de funciones públicas.
Asimismo, José Luis Bello Pérez y Wenceslao Rodríguez Santos, empresarios de Guía de Isora y Adeje, respectivamente, fueron también detenidos por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho, a quienes se les vincula con actuaciones realizadas dentro de dicho término municipal.
Según fuentes de la Guardia Civil, las investigaciones por este supuesto caso de corrupción urbanística continúan y no se descartan nuevas detenciones.
El ex alcalde, que al parecer fue trasladado al cuartel de la Guardia Civil de Granadilla de Abona, prestó ayer declaración ante la Policía Judicial y hoy, a las 10:00 horas, pasará a disposición judicial en el Juzgado de Instrucción 4 de Granadilla, donde la jueza, Elisa Isabel Soto Arteaga, le tomará de nuevo declaración sobre los presuntos delitos que se le imputan.
A pesar de que la investigación que realiza la Guardia Civil se encuentra bajo secreto de sumario, ha trascendido que la denuncia se basa en trabajos y facturas realizados por el anterior gobierno municipal, que entonces gobernaba con mayoría absoluta el Ayuntamiento sanmiguelero.
Asimismo, las pesquisas se dirigen a actos cometidos entre los años 2006 y 2007 por adjudicación de obras municipales de forma, supuestamente, ilícita, por parte de los nacionalistas en dicho consistorio sureño, cuyo máximo responsable era el ayer detenido Arturo González Hernández.
Reacciones
Por su parte, el próximo alcalde de San Miguel de Abona, el socialista Víctor Chinea, señala que el gobierno municipal "colaborará" con la investigación como lo ha venido haciendo hasta la fecha.
"No me gusta que a San Miguel se le relacione con asuntos escabrosos", indica Chinea, quien pide cautela y que no se hagan juicios paralelos. Añade que "el gobierno actual sí está trabajando con honestidad y transparencia para mejorar la calidad de vida del vecino".
En similares términos se pronunció la edil del PP, María José Tacoronte, quien pide "prudencia" y defiende la presunción de inocencia hasta que la Justicia demuestre lo contrario.
Mientras no se pudo conocer la opinión del presidente insular de CC, Javier González Ortíz, ni del actual alcalde de San Miguel, Valentín González (CCN), el Comité de CC de Candelaria, mostró su sorpresa por la detención del interventor del Consistorio candelariero, Nicolás Rojo, lamentando que "se produzcan estas detenciones" y esperando que no se paralice la administración local.
investigación
Primeros movimientos
Una denuncia presentada ante la Fiscalía Anticorrupción de Santa Cruz de Tenerife llevó a ésta a entrar recientemente en el Ayuntamiento de San Miguel de Abona para investigar obras y facturas del anterior gobierno local, formado íntegramente por concejales de Coalición Canaria (CC).
En este sentido, las diligencias previas del Juzgado de Instrucción número 4 de Granadilla de Abona motivaron que agentes de la unidad de la Policía Judicial se personaran en el ayuntamiento y solicitasen documentación en distintas áreas municipales, especialmente en la Oficina Técnica Municipal.
Después de la investigación inicial, la Fiscalía Anticorrupción enviaba un escrito de acusación al Palacio de Justicia granadillero, lo que motivó que funcionarios y ex funcionarios del Ayuntamiento sanmiguelero tuvieran que ir a declarar ante la jueza encargada del caso por presunta trama de corrupción urbanística en este municipio sureño.
A pesar del trabajo que realizaba la Fiscalía Anticorrupción, el ex alcalde nacionalista, Arturo González Hernández, negaba tener conocimiento de dichas pesquisas, como así lo aseguró hace unos días a EL DÍA.
Posteriormente, el grupo de CC en San Miguel reconocía que la Policía Judicial investigaba obras realizadas durante el pasado mandato. Desde el grupo municipal nacionalista se especificaba que la Policía Judicial de la Guardia Civil se encontraba "recabando información acerca del trámite administrativo de algunas obras". El ex alcalde incluso señalaba que "hasta el momento no se ha citado a ninguno de los miembros del anterior gobierno municipal para dar explicaciones de qué se está investigando".
Muchos años en política
La trayectoria política de Arturo González Hernández comenzó a finales de la década de los 80, integrado en el grupo de gobierno de ATI, que gobernaba en el Ayuntamiento de San Miguel de Abona. El trabajo y el esfuerzo de González Hernández durante todos esos años propició la confianza del entonces mandatario, Claudio Delgado, quien lo nombró como primer teniente de alcalde. En 1999, al frente ya de CC, accede a la Alcaldía, en la que se mantiene durante dos mandatos, hasta 2007, año en el que entran a gobernar CCN y PSC con un pacto, a pesar de que CC fue la fuerza política con mayor respaldo en las urnas. Desde entonces, Arturo González Hernández es portavoz de Coalición Canaria en la oposición, agrupación municipal que cuenta con 6 concejales en este mandato (CCN tiene 5 concejales, PSC igual número y PP, en la oposición, tiene un edil).