La situación jurídica a la que se enfrenta desde hace años el gobierno de El Rosario (PSC) con casos como el de la pretendida urbanización de El Varadero se ha complicado desde el pasado 13 de julio con la denuncia presentada por la Fiscalía de la Audiencia Provincial ante el Juzgado número 5 de Santa Cruz de Tenerife por supuestas contrataciones ilegales en el ayuntamiento de 26 personas en los últimos 10 años (un 20% de la plantilla), entre las que se halla un consejero del Cabildo y secretario local socialista en Los Realejos, concejales en diversos consistorios, como Florentino Guzmán (Santa Cruz) o Carlos Romero Sosa (Güímar), candidatos, afiliados, familiares o simpatizantes de esta formación en el municipio.
La denuncia de la Fiscalía responde, a su vez, a la presentada ante este órgano el pasado febrero por el portavoz de CC en El Rosario, José Luis Arregui. Este edil detalló ayer los contratos de las 26 personas incorporadas supuestamente de forma irregular, calificó de muy grave la situación y afirmó que se trata de "un insulto contra toda la ciudadanía". Aunque dijo desconocer si la Fiscalía ha imputado a alguien del gobierno o si se han tomado declaraciones "porque existe gran opacidad en este órgano y el PSC", sí recalcó que le consta que la investigación está siendo profusa. Además, le parece muy llamativo que ninguna de estas personas presuntamente contratadas desde hace años sin los preceptivos concursos públicos, ni con publicidad ni igualdad de oportunidades, "es decir, contratadas o renovadas a dedo", no hayan representado al PSC en las últimas elecciones europeas, "cuando antes solían ejercer de apoderados o interventores en consultas electorales". También llama la atención sobre el hecho de que se haya creado una bolsa de empleo recientemente para contratar a peones, "lo que demuestra que, cuando se quiere, se hacen las cosas bien".
Arregui no quiso aventurarse sobre qué puede ocurrir, ni pidió dimisiones ni tampoco hizo comparaciones con casos recientes, como la llamada del presidente regional, Paulino Rivero, al alcalde de Arona para interesarse por unas oposiciones a Policía a las que aspiraba una sobrina suya. No obstante, aludió a una sentencia por casación del Tribunal Supremo de diciembre de 2003 por hechos muy similares que confirma la inhabilitación para cargo público durante 10 años para todo el gobierno (PP) de Puenteareas (Pontevedra) por prevaricación.
El PSC local dijo ayer que no se pronunciará hasta conocer con detalle los hechos que se denuncian y recalcó su respeto "absoluto" a las actuaciones judiciales.