Los recortes generalizados en muchos ámbitos de la administración por la crisis económica siguen desatando polémica. Si en las últimas semanas los focos en Tenerife han estado orientados, sobre todo, hacia los centros comarcales de mujeres maltratadas o de asesoramiento local a este sector poblacional, como el que se ha cerrado en La Laguna, otros ámbitos de las políticas sociales no han quedado precisamente inmunes y ya sufren la merma presupuestaria y, por tanto, de servicios.

Es el caso, por ejemplo, de la Unidad Orgánica de Infancia y Familia del Cabildo tinerfeño, que ha visto cómo desaparecen, desde el pasado 31 de diciembre, proyectos tan importantes y referentes en Canarias como el de intervención con adolescentes en situación de riesgo y sus familiares, uno de los que se prestaba mediante gestión externa a través de diversas entidades, empresas y ONGs. Este proyecto, que afianzó al Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS) del Cabildo de Tenerife como pionero en las Islas en las políticas de protección infantil y la familia, comenzó a desarrollarse en 2006 y ha atendido hasta ahora a unos 150 menores, siempre con un máximo de 30 en cada momento.

El recorte de las partidas insulares también afecta al programa de prevención y protección en toda la Isla, que tenía carácter itinerante y que permitía al personal que se ocupaba de estas prestaciones acudir a los domicilios y corporaciones locales según los casos, servicio que ahora queda mermado.

El personal que se ocupaba de estos servicios pertenece sobre todo a organizaciones no gubernamentales. Fuentes solventes llaman la atención sobre la escasa repercusión pública que ha tenido hasta ahora los recortes en el área del Menor y la Familia en comparación con lo ocurrido con los centros de mujeres maltratadas. Además, consideran que vuelve a demostrarse que, en periodos de crisis, estos servicios son siempre los "hermanos pobres" y los primeros en verse mermados, cuando, en su opinión, debería ocurrir todo lo contrario. En este sentido, subrayan que, al tratarse de una cuestión muy delicada que afecta al colectivo de la infancia, el más vulnerable y cuya voz no puede oírse, da la impresión de que, para algunos responsables, resulta menos importante, "cuando, en realidad, es muy relevante".

Peor que Sanidad

Asimismo, subrayan que, en situaciones como la actual, los recortes en Sanidad y Educación son mucho menos frecuentes que en las áreas sociales y, sobre todo, en lo relativo a la infancia, "cuando, en realidad, quitar estos servicios, como el de adolescentes en situación de riesgo, equivale a eliminar una especialidad médica".

La reducción afecta también al servicio de psicomotricidad de los centros de acogimiento residencial de menores en desamparo, a la mediación cultural con menores inmigrantes, a la formación especializada de profesionales y otros proyectos. "Se juega con la parte más débil", se quejan dichas fuentes. A su juicio, se produce, además, un agravio comparativo con programas que no desarrolla el Cabildo, sino el Gobierno regional, como es el caso del relativo a menores con medidas judiciales, que no ha sufrido recortes.

Este debilitamiento también ha afectado a los trabajadores de estas empresas y ONGs. Un mínimo de 15 personas han perdido su empleo y unos 85 han visto descender sus sueldos y dietas.

El área social del Cabildo negó ayer estos recortes y señaló que lo que se ha dado es una "reestructuración" de los servicios, sin detallar más lo ocurrido.