La Comisión de Negociación de María Jiménez anunció ayer que remitirá a los tribunales y a la Fiscalía toda la documentación que obra en su poder como consecuencia de las alegaciones y puntualizaciones que se formularon ante la construcción de la canalización del barranco, remitidas a la Autoridad Portuaria, Ayuntamiento de Santa Cruz y el Consejo Insular de Aguas.

Además, este colectivo solicita una reunión urgente con estas tres administraciones, con presencia de las asociaciones del barrio capitalino, con el fin de buscar alternativas y soluciones que eviten nuevas desgracias.

Así, señalan, tras las consecuencias que han ocasionado las nuevas obras de ampliación del puerto en la desembocadura del barranco, que "los vecinos de María Jiménez éramos conscientes, y así lo denunciamos reiteradamente, de la grave amenaza en la que íbamos a vivir se realizaba la ampliación del puerto sin respetar la desembocadura del barranco".

Además, señalan que "no hemos recibido respuestas a las 27 alegaciones presentadas al Plan Especial del Puerto, donde solicitábamos dejar libre la desembocadura".

Este colectivo del barrio de María Jiménez recuerda que en el documento que elaboró con sus propios medios, ante al falta de respuesta de las administraciones, ya se advertía de que el puente de la autovía de San Andrés "no es suficiente para aliviar la avenida de 500 años, porque genera un resalto que provoca el desbordamiento del barranco aguas arriba y la inundación de la propia carretera".

Asimismo, recuerdan que en el tramo de Dos Barrancos, donde el agua se desbordó y afectó a viviendas y el restaurante de la zona, la Comisión e María Jiménez señaló que cuando se iban a realizar las obras de los azudes "los vecinos de la zona les dijeron a los ingenieros que respetaran el cauce, porque, según lo proyectado, iban a desviar el agua hacia las zonas pobladas, como así ha ocurrido".

También ponen de relieve los vecinos del barrio de María Jiménez que no se han llevado a cabo las labores de mantenimiento y conservación del cauce, en lo que a la retirada de cañaverales se refiere, pues según los responsables de la comisión, se contemplaba como una medida a aplicar por medio de un convenio entre Puertos y el Consejo Insular de Aguas, en un estudio hidráulico de canalización del barranco de El Bufadero y que establecía un plazo de seis meses, para evitar los acarreos por medio de un plan de mantenimiento que sería periódico.