El debate monográfico sobre la situación del Parque Marítimo no sirvió ayer para algo más que analizar todo lo que ha venido aconteciendo en el terreno político, social y judicial sobre estas instalaciones, cerradas ahora hace más de un año, pues el propio alcalde afirmó que todas las acciones emprendidas para su reapertura y recuperación "tienen por obsesión abrirlo lo más rápido posible", así como convocar con toda la celeridad un nuevo concurso para la adjudicación, tras las obras necesarias para adaptar las piscinas a la nueva normativa, cuyo proyecto, presentado a la relación del Plan E, costará algo más de 3 millones de euros.

Miguel Zerolo no fue capaz ayer de aventurar una fecha para la nueva apertura de las instalaciones, una vez que la sociedad concesionaria, conformada al 50% por el propio ayuntamiento y la Autoridad Portuaria, recuperaran el pasado 9 de febrero el Parque con la ejecución de una orden de desahucio contra la empresa arrendataria, Santa Cruz Park Tenerife, pues descartó que "puedan concluir las obras en abril, mayo o junio", lo que augura un nuevo verano sin el servicio de piscinas.

En un debate donde la posible reedición del pacto entre CC y PP era el telón de fondo, porque durante la mañana se dieron cita en el palacio de Los Dragos varios miembros de la ejecutiva insular de los populares, entre ellos su presidenta, Cristina Tavío, o Guillermo Díaz Guerra y Manuel Fernández, el portavoz de este grupo, Ángel Llanos, no dudó en realizar una intervención crítica y clarificadora.

Llanos, quien realizó una primera incursión sobre los efectos que ha tenido para la ciudad y los usuarios el cierre del parque, algo que dijo "es responsabilidad del ayuntamiento", afirmó que, conforme a la documentación que le han remitido los diferentes servicios municipales, "desde 1994 (dos años antes de la apertura) hasta 2009, el ayuntamiento de Santa Cruz se ha gastado más de 600.000 euros en celebraciones en este recinto con tres empresas distintas".

En este sentido, el portavoz del PP, quien no dio los detalles de las sociedades, -que son Santa Cruz Park, Event Park y Santa Cruz Park Tenerife-, incluso las fechas o el número de comensales, mostró sus dudas ante el cambio de criterio que se había adoptado por Urbanismo en el verano de 2008, cuando se decidió no conceder licencias para eventos, "ya que la legislación no ha cambiado y 14 años atrás se venían celebrando todo tipo de actos".

Es más, el propio alcalde afirmó, ante las críticas del portavoz socialista, José Ángel Martín, de que la empresa Santa Cruz Park Tenerife no había tenido problemas para celebrar eventos hasta 2008, a pesar de que no contaba con las preceptivas licencias, que desconocía sí dichos actos contaban o no con los permisos, pero añadió que la suspensión se debió a una medida cautelar ante una denuncia interpuesta por el abogado Felipe Campos por la realización de dichos actos en suelo público.

En este pleno monográfico, que fue impulsado por el PSC, sus propuestas de resolución fueron rechazadas, salvo la que se refería a que en las condiciones para el futuro modelo de gestión se incluyera la contratación de los trabajadores que se encontraban en el parque en el momento del cierre, que fue respaldada por unanimidad.

No obstante, CC, PP y CCN rechazaron el planteamiento de que la gestión del Parque Marítimo fuera asumida por la propia administración, optando por un modelo público, así como que se inicien acciones legales para depurar las responsabilidades patrimoniales de Santa Cruz Park Tenerife y el empresario Luis Gil en el estado de deterioro de las instalaciones, por entender los grupos más próximos al gobierno municipal que dichas medidas ya se han adoptado por parte de la sociedad concesionaria, Parque Marítimo S.A.

A pesar de las críticas del PSC a la labor del secretario de la concesionaria, Pedro Doblado Claverie, a quien responsabilizó del deterioro y la falta de acción en el recinto, este grupo se quedó sólo en su petición de cese, en la que se abstuvo Guillermo Guigou, de Ciudadanos de Santa Cruz, quien también se abstuvo, junto al PP, en la petición de una investigación con carácter retroactivo de las actividades, eventos y actuaciones que se han realizado en el Parque, con el fin de sancionar las irregularidades que se puedan detectar, y que los socialistas han considerado que han supuesto unos beneficios económicos de unos 6 millones de euros.

Igual resultado obtuvo la propuesta de resolución que planteaba crear una comisión de investigación conformada por todos los grupos políticos, una figura que para Guigou ofrecía pocas garantías, al hilo de otras experiencias que están en marcha en la corporación y que a su juicio no garantizan las comparecencias ni los resultados necesarios.