La Dirección General de Urbanismo de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias ha solicitado al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife "la suspensión de la aprobación definitiva" del Plan General de Ordenación de la capital tinerfeña llevada a cabo por el Pleno de la corporación chicharrera el 4 de enero de 2010, después de comprobar que en el citado documento se deben corregir algunos aspectos que "afectan total o parcialmente a las clasificaciones y categorías del suelo, normativa urbanística pormenorizada y estructural y aspectos ambientales", y con el fin de "garantizar la coherencia" del PGO que, "necesariamente", deberá someterse a "un nuevo periodo de información pública".
El informe elaborado por los técnicos de la Dirección General de Urbanismo, remitido al Ayuntamiento de Santa Cruz el pasado 20 de septiembre y hecho público ayer por el Grupo Municipal Socialista, supone un claro traspié para las pretensiones del equipo de gobier- no de la Corporación capitalina, que pretendía tener listo el PGO antes de final de año, y para el desarrollo económico de la ciudad, que espera desde hace años por un nuevo planeamiento.
Aunque el pasado miércoles, al ser preguntado por el PGO de Santa Cruz, el consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Ejecutivo canario, Domingo Berriel, señaló que el citado infor- me recogía algunos "detalles que tienen que aclararse", lo cierto es que el documento, de 107 folios, recrimina desde su primera página la actuación de la Corporación presidida por Miguel Zerolo, pues ha hecho caso omiso a los requerimientos de que aportase determinada documentación para continuar la tramitación del expediente.
A ello habría que sumar "el deficiente diligenciado", tanto de la documentación del plan como del soporte digital, o que el ayuntamiento no haya respondido a los informes sectoriales realizados por distintas instituciones públicas, algunos de ellos, como el de Puertos, Costas y Turismo, desfavorables.
En el primero de los casos, por ejemplo, considera que el PGO "introduce determinaciones en la zona de servicio del puerto que suponen graves interferencias y perturbaciones en el ejercicio de las competencias de explotación portuaria" y exige la "suspensión parcial de la aprobación definitiva del documento en todo aquello que afecte a la zona de servicio del puerto de Santa Cruz de Tenerife".
En su análisis de la documentación remitida por el ayuntamiento, los técnicos del Ejecutivo canario echan en falta, entre otros, un catálogo de edificaciones en situación legal de fuera de ordenación "por disconformidad sobrevenida con el nuevo planeamiento", y un plan de riesgos que incorpore "la evaluación de las modificaciones introducidas por el PGO".
El informe de la Dirección General de Urbanismo, que no la Cotmac, cuestiona, entre otras cosas, que a la hora de realizar las estimaciones económicas de las actuaciones públicas no se emplea "un criterio homogéneo" ni tampoco se valora el suelo en "los casos cuya titularidad no sea pública y se tenga que obtener". Igualmente, apunta que en el análisis de la vegetación "no se hace referencia a su estado de conservación, fragilidad, capacidad de regeneración y singularidad".
Los técnicos que han elaborado el citado informe consideran que el PGO incluye un "crecimiento desmesurado" de los asentamientos rurales en Santa Cruz y, por ello, conmina al ayuntamiento a reconsiderar los mismos.
Hay que tener en cuenta que el documento analizado por la Consejeria de Medio Ambiente y Ordenación Territorial es un texto que ya había pasado por este departamento y al que se le habían hecho una serie de reparos y detectado errores materiales que el ayuntamiento de Santa Cruz debería haber corregido. En algunos casos no se han subsanado ni se ha justificado por qué no se ha hecho.