El Ayuntamiento del Puerto de la Cruz ha retrasado el pago de las nóminas de la plantilla de funcionarios y personal laboral por falta de fondos, de manera transitoria. Un desfase de ocho euros en la contabilidad debido a un error informático al cargar los datos de las nuevas contratación de personal procedente de la cooperativa El Tarajal y de los diferentes convenios de cooperación figura entre las causas de la demora en el pago de los haberes.

El alcalde de la ciudad turística, Marcos Brito, según indicó a EL DÍA ha trabajado para conseguir los recursos para hacer efectivas las nóminas. Aclaró que tal circunstancia no se "podía atribuir a problemas de liquidez sino a un asunto de tramitación derivadas de la imposibilidad de trabajar durante los días de fiesta y por los daños ocasionados por el vendaval" y por cuestiones técnicas.

Esta situación se ve aliviada al cierre del presente ejercicio con la inyección de 1,3 millones de euros procedente de la parte que le corresponde al municipio del Fondo Canario de Saneamiento que en esta ocasión ha llegado con puntualidad.

El pasado año se había retrasado la recepción de la aportación del citado fondo hasta marzo.

El responsable de Recursos Humanos del consistorio portuense, Luis Miguel Rodríguez (PP), puntualizó que hasta ahora se garantiza el pago de las nóminas de noviembre y diciembre, pero señaló que desconoce qué pasará a partir de 2011.

Lo cierto es que, según ha podido saber este periódico, el abono de la nómina de noviembre y la paga extra que se paga en ese mes, se efectuará a partir del próximo lunes, día 13. Esto, de confirmarse, implicaría un retraso de 13 días naturales en la percepción de los haberes por parte de la plantilla municipal, tomando como día hábil para el abono de las mismas el día primero de cada mes. Por regla general, los días de pago, oscilan, según cada caso, entre el 1 y 5 de cada mes.

El alcalde precisó que la administración cuenta hasta ahora con los medios suficientes para hacer frente al pago de salarios y pago a los proveedores. Marcos Brito sostiene que se trata de las principales prioridades de su gobierno, junto al pago a proveedores.

La administración local portuense podría verse en serios apuros para afrontar sus compromisos económicos en el caso de que se mantenga el decreto del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que prohibe a los municipios no saneados afrontar más deudas a partir del 31 de diciembre de este año, y que implica la cancelación de las operaciones de tesorería, que en el caso de la ciudad turística se tendrá que dejar dar de baja 9,8 millones de euros. Sin embargo, se está a la espera de que prospere la enmienda a los presupuestos generales del Estado para 2011 en la que se reclama la modificación del citado decreto, en virtud de las sugerencias formuladas por las Federaciones de Municipios y Provincias de España y de Canarias (Femp y Fecam). Pese a todo, Brito Gutiérrez ha quitado hierro al asunto la capacidad de maniobra de su administración para hacer frente a contingentes de naturaleza económica.

Mesa de negociación

El gobierno municipal convocará a la mesa de negociación para abordar la denuncia del convenio colectivo del personal laboral y el acuerdo de funcionarios, que implicará su adaptación al escenario de crisis económica y su actualización, dado que muchas cláusulas han quedado superadas o no tienen aplicación. Entre las medidas que se prevén para el nuevo marco regulador destaca la supresión de dos pagas extras establecidas por convenio y la reducción de un 30% en las normales. Asimismo, el documento definitivo que se iba a tratar en el pleno extraordinario del próximo lunes se ha aplazado hasta finales del presente mes de diciembre, posiblemente, para el día 27, según señaló el edil de Recursos Humanos, Luis Miguel Rodríguez.

El Ayuntamiento del Puerto de la Cruz estudia prorrogar el presupuesto del presente año, según indicó a este periódico el alcalde, Marcos Brito Gutiérrez.

Este asunto se resolverá, con toda probabilidad, en la última sesión plenaria del presente año, en la que se abordará, asimismo, el nuevo marco de regulación laboral de los empleados públicos municipales, que implica la aplicación de recortes.