La CEOE-Tenerife pidió hoy hoy que con carácter urgente se apliquen políticas efectivas que controlen las expectativas inflacionistas que pueden afectar de forma grave a la recuperación económica de Canarias.

La patronal tinerfeña hace esta advertencia tras conocerse hoy el dato de que Canarias cerró 2010 con una tasa de inflación del 2 por ciento -la más baja de todas las comunidades autónomas- después de que los precios subieran en diciembre un 0,5 por ciento.

Para la confederación empresarial, la tendencia de que un descenso en la tasa de ahorro en los hogares alentaba a un incremento en el consumo futuro y por lo tanto una leve recuperación en la economía, se ha visto truncada por el incremento de los precios por la subida del precio del petróleo y por el aumento de los impuestos del tabaco.

Por ello, la CEOE-Tenerife afirma que algunas medidas fiscales repercuten muy negativamente en la economía.

Añade que los mercados alertan de un incremento en los precios de los alimentos que todavía no se ha reflejado en los precios actuales y por ello precisan que se debe tener especial cuidado con las "serias amenazas" que, en su opinión, mermaran el crecimiento del consumo.

La patronal tinerfeña, en un comunicado, alude a la advertencia que ha hecho el presidente del Banco Central Europeo (BCE), Jean-Claude Trichet, de que subirá los tipos de interés si es necesario para frenar la inflación, pese a la crisis de endeudamiento de la eurozona.

A juicio de la CEOE, esto tendrá una importante repercusión tanto para los particulares como para las empresas y su competitividad.

También señala que aunque en Canarias aún no se ha reflejado el aumento del precio del tabaco, si lo hará cuando entre en vigor la nueva ley de imposición.

Aclara que el aunque IPC interanual, a fecha de diciembre, era la referencia para los incrementos salariales para el año siguiente, el empleo y la negociación colectiva aprobado por empresarios y sindicatos, prevé una subida salarial entre el 1 y el 2 por ciento para el 2011, así como la posibilidad de negociar cláusulas de descuelgue en aquellas empresas con una situación económica negativa.