La Viceconsejería de Administración Pública del Gobierno regional, en su departamento de Función Pública, ha remitido al Ayuntamiento de El Rosario un escrito en el que le insta a modificar o corregir diversos aspectos de la nueva y polémica Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del consistorio, aprobada con los votos del gobierno municipal (PSC) y PP en contraposición al contundente rechazo de IR-Verdes y CC.

El equipo de gobierno que dirige Macario Benítez restó importancia ayer a esta petición y negó que la Comunidad haya anulado la RPT, tal y como indicaron a EL DÍA diversas fuentes. Según los socialistas, sólo se trata de "un trámite dentro del control de legalidad que ejerce la Comunidad sobre los actos y acuerdos de las corporaciones locales".

El gobierno de El Rosario aclara también que, "una vez que se subsanen una serie de aspectos administrativos del documento, la propia Viceconsejería de Administración Pública manifiesta en su escrito que, dentro del principio de colaboración que rige las actuaciones entre las administraciones públicas, se procederá al desistimiento de las acciones jurisdiccionales".

El gobierno municipal insistió ayer en que esos cambios "no afectarán a los principios básicos en los que se asienta la RPT ni a la esencia del documento y, por tanto, tampoco a la situación de los trabajadores".

"Seguridad jurídica"

El PSC sigue manteniendo que la nueva relación "es una apuesta fuerte que responde al objetivo de ordenar y dotar de seguridad jurídica a los puestos de trabajo de los empleados públicos, con el consiguiente aumento de la calidad de los servicios municipales que se prestan a la ciudadanía y la búsqueda de la consecución de los principios constitucionales de eficacia y eficiencia".

Frente a esta visión, IR-Verdes y CC han mantenido hasta ahora que la RPT no sólo supone la eliminación de puestos de trabajo municipales en plena crisis, sino que, además, los que se quedan, sobre todo en los principales puestos, se repartirán más cantidad en salarios, lo que entienden como una aberración para los tiempos que corren y los recortes extendidos precisamente entre el personal público y funcionariado. Para estos partidos, este proyecto es sólo una "huida hacia adelante" del alcalde ante la denuncia por las supuestas contrataciones ilegales, barruntando en el pleno que la RPT acabará siendo anulada por las denuncias en los juzgados.