La presidenta de la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas, Carmen del Amo, calificó ayer de "muy grave" la situación por la que atraviesan los pueblos de Anaga y de las Islas que están sometidos al proceso de deslinde por parte de la Dirección General de Costas. Del Amo señaló que, al margen de tiempo que esta Dirección General "lleva detrás de estos poblados, la experiencia dicta que están condenados", pues aseguró que "cuando Costas pone el punto de mira en un núcleo, es muy difícil dar marcha atrás".

No obstante, la representante de este colectivo, que ayer ofreció una rueda de prensa en la sede del CCN, en la que estuvo acompañada por el presidente de la formación, Ignacio González, así como el abogado de algunos pueblos afectados, entre ellos, Igueste de San Andrés, dijo que "son los ayuntamientos los que deben enfrentarse a Costas, para que se les respete su territorio".

En el caso de Santa Cruz, en relación a los núcleos de Anaga que se ven afectados por el deslinde, que en la actualidad mantienen un recurso ante el Tribunal Supremo, dijo que cuando los ayuntamientos no aportan documentación "es porque no quieren, y ahora ha llegado el momento de partir de cero, pues no buscamos culpables, sino soluciones, ya que la realidad es muy mala y la única solución es la unión de las instituciones que reclamen su territorio".

Señaló que "ahora tenemos una oportunidad de aplicar un cambio, y corregir las cosas que se han hecho mal", pues señaló que aunque el deslinde se está planteando a los 100 metros, "aún no hay una sentencia en firme y esta situación la puede solventar el Estado, cambiando la Ley de Costas". Del Amo, al igual que González y Langa abogaron por una modificación de la Ley, que solo en Canarias afecta a más 160.000 habitantes. Por ello, el colectivo acusó al PP de "mantener un discurso falso" y al PSOE de responder con silencio cuando se le plantea la modificación.

Además, dijo que las Islas necesitan pedir las competencias en materia de costas, pues explicó que, de lo contrario, "jamás habrá capacidad de ordenar el territorio", aspecto que González señaló que "se podrá plantear en el próximo mandato, en el que se modificará el Estatuto de Autonomía".

Del Amo rechazó que las decisiones sobre la ordenación de la costa "estén en manos de unas oficinas que están en Madrid" donde, indicó, "ni siquiera saben dónde están los pueblos, mandando sobre un territorio que no les pertenece".

Afirmó que con la aplicación de esta ley "se está causando una inseguridad jurídica a todos los niveles y se conculcan todos los derechos", principalmente el de la propiedad, reflejado en el Tratado de Lisboa. Aseguró que "se tiene que acabar que manden las palas mecánicas desde Madrid para los derribos", algo que, aseveró, "representa una pérdida de identidad, ante la que en Europa se han mostrado escandalizados".

Por su parte, González aseguró que "a partir de ahora los ciudadanos no van a estar solos", y anunció que "nos pondremos delante de las palas, para que no vuelva a pasar lo de Cho Vito". Precisamente, sobre el caso de este enclave de Candelaria, donde Costas derribó parte de sus casas, Del Amo señaló que este poblado "se tomó como una amenaza y una lección para el resto de España", cuyo desalojo "nos mostró lo injusta que es la ley y, a la vez, ha conseguido el efecto de unión ante la peor decisión del Gobierno socialista".