La creación del Consorcio Insular de Transportes es uno de los objetivos fundamentales del Cabildo de Tenerife para optimizar la gestión de este servicio, tanto sus recursos como en todas sus modalidades terrestres, e impedir su deterioro garantizando su prestación a la ciudadanía con la calidad y coste adecuado. Además, se trata de evitar el uso político que del transporte se hace en la Isla con fines claramente electoralistas.
"Las administraciones tienen que dejar de utilizar políticamente el transporte público", aseguró ayer el coordinador de Movilidad y Seguridad en la Corporación insular, Manuel Ortega, para quien "hay que cortar ya esa tentación de líderes municipales de pensar en clave electoral con este asunto".
Para Ortega, el Consorcio Insular de Bomberos ha demostrado que este tipo de entidades de gestión son eficaces y respondería, en el caso del transporte, "al hecho de que la movilidad es un fenómeno insular que debe abarcar la Administración insular".
Diseñar, contratar y gestionar la red de transportes de la Isla es el trabajo que se le encomendará al Consorcio Insular del ramo.
Desde la perspectiva del coordinador de Movilidad, la creación de los servicios urbanos municipales existentes en la Isla (Arona, Adeje, Guía de Isora y Los Realejos, entre otros) no obedecen estrictamente a criterios de necesidad y no están diseñados teniendo en cuenta todos los elementos que influyen en el diseño, implantación y desarrollo del mismo.
Partiendo de la premisa de que la legislación obliga a los municipios con un censo superior a 50.000 habitantes a establecer el transporte urbano, Manuel Ortega recuerda que la compañía Titsa no está obligada, por ser del Cabildo, a establecer las líneas y rutas que demanden los ayuntamientos "porque a cualquier representante público se le ocurra".
En la actualidad, existen convenios interadministrativos entre el Cabildo y nueve ayuntamientos por los que esos municipios disponen de un transporte urbano en mejores condiciones, consistente en reforzar las líneas que cubre Titsa, aportando a ello recursos económicos inferiores a los que supondría contar con un servicio propio.
Esto, que Ortega define como el "protoconsorcio", es un avance importante. Pero el Consorcio Insular de Transporte también ha de aglutinar, junto a la guagua, el tren, el tranvía y el taxi. Ahí está gran parte del reto que ha de superar la entidad.
moviten
Un ordenador, básicamente
Cuando la población utilice el bono único será cuando el Consorcio Insular de Transporte cumplirá con uno de sus objetivos esenciales: prestar al usuario del tren, el tranvía, la guagua y el taxi un servicio mejor, coordinado, frecuente y sin coste añadido. Otro de los retos, por tanto, será que la flota de 2.600 taxis que hay en la Isla acepten la implantación de ese bono.
El Centro de Movilidad será un "superordenador" desde el que se desarrollará "la estrategia de relación con el usuario", como Manuel Ortega definió el proyecto Moviten, estableciendo tarifas, aplicando marketing, diseñando medidas de compensación y captación de clientela, ideando incentivos y premios y favoreciendo la movilidad en la empresas. Todo, con el fin esencial de "beneficiar a quien más utilice el transporte público".
Movilidad Integral de Tenerife (Moviten) será una realidad en julio del año próximo y su puesta en funcionamiento requerirá de inversión pública y privada. De hecho, el socio privado está preseleccionado (está constituido por un grupo de empresas locales con alguna participación exterior) que se encargará de aplicar la estrategia de la nueva sociedad (la idea inicial no contó con la financiación que recabó el Cabildo -8.562.809 euros- de los fondos Feder).