El pleno comenzó con la toma en consideración de la auditoría de la gestión local de 2010, balance que ya encendió los ánimos entre gobierno y PP, sobre todo por la presión fiscal. Bernabé, felicitado al final por numerosos ediles de CC y PSC, tampoco eludió la responsabilidad de su grupo, aunque él no estuviera en ese mandato, pero recordó que era el PP el que llevaba Hacienda. La auditoría penaliza al ayuntamiento con 700.000 euros por quedarse por debajo del 77% de ejecución fijado como mínimo, alcanzando el 74,6, ligeramente superior al 74,5 de 2009. Bernabé anunció que, en 2011, sí cumplirán ese 77% y, por tanto, no deberán pagar nada, aunque aclaró que sería de forma muy justa y que cualquier mejora recaudatoria será clave. El PP censuró que se dejaran de gestionar casi 50 millones respecto a 2008 y que la presión fiscal por habitante fuera de 406, cuando la media en municipios capitales de más de 50.000 vecinos es de 380. Bernabé matizó, eso sí, que si se quita el IRPF y el IAE, la media queda 8 euros por encima o 6 por debajo, respectivamente. El PP también criticó la reducción del ahorro neto (6 puntos menos respecto a 2009 y 23 sobre lo exigido), así como la situación del remanente de tesorería, mientras que Sí se Puede insistió en la necesidad de buscar responsabilidades políticas y de otro tipo en la gestión heredada, y Ciudadanos concluyó que no se puede seguir manteniendo un modelo y una estructura concebidos para las "vacas gordas".
Aunque se rechazó la enmienda concreta de Ciudadanos, el gobierno sí se comprometió ayer, de nuevo, a abordar desde principios de 2012 la creación de una comisión que acabe aprobando una ecotasa (que no impuesto, pues no se es competente) para empresas contaminantes.