Profundo malestar, preocupación, decepción, incertidumbre profesional y personal y, jugando con sarcasmo con el apellido de la consejera, “pena” por muchos menores y sus familias. Eso es lo que siente buena parte de los 69 trabajadores que se han ocupado este año de los programas del Cabildo tinerfeño especializados en infancia, centrados sobre todo en menores en situación de riesgo y desamparo, así como sus familiares.Según les comunicó la consejera delegada del área social, Margarita Pena, para el próximo año solo hay partidas para garantizar 6 meses de convenio con las distintas asociaciones que asumen estos servicios, toda vez que se trata de una de las prestaciones que la Administración insular tiene externalizadas.
Los trabajadores no solo se quejan del fondo del anuncio, que consideran la “muerte agónica” de esta unidad “organizada” desde la consejería, sino que censuran las formas y los tiempos.A diferencia de los últimos años, cuando la exconsejera Cristina Valido lo hacía a mediados de diciembre y luego rectificaba y aumentaba las partidas inicialmente a reducir, esta vez se les ha comunicado el día 23 y a las 14:00 horas. En opinión de estos empleados, de esta manera se ha intentado minimizar su capacidad de reacción y lograr los apoyos que han obtenido otros años.
Sin embargo, creen que esta vez se ha sido mucho menos transparente y censuran, sobre todo, que sea a través de la gestión del PSOE, partido que, según recalcan, lideró la oposición a los recortes en esta unidad con anterioridad.
Aunque aún no les han dado cifras oficiales, los empleados calculan que el presupuesto para estos programas se limite ahora a unos 700.000 euros, muy lejos del millón y medio con el que finalmente se contó en 2011 y los 2,5 de que se dispuso en 2010. Esto hará que solo se puede firmar convenios por seis meses y sin que se dé ninguna garantía sobre qué pasará luego con estos menores, “los más débiles de la sociedad”, sus familias y los profesionales.
Para los trabajadores, se trata de una paradoja que sea el PSOE el que haya aplicado el “recorte más salvaje y de manera menos transparente, cuando, precisamente, les hemos pedido que hubiera más información que antes por la incertidumbre que se generaba”.Además, recuerdan que han sufrido recortes salariales en los dos últimos años y que, para 2012, se les anuncia otro 5% menos en la financiación de los proyectos, lo que puede volver a afectarles en sus salarios y mermar más el servicio. A su juicio, la situación supone un “maltrato” a los trabajadores, niños y familias, con “consecuencias políticas y sociales nefastas y con clara inestabilidad y precariedad laboral”.
El gobierno se limitó ayer a indicar que se trata de un “ajuste” y que hoy se reunirá con las entidades para explicar la situación.