La denominada deuda viva que tiene el Cabildo de Tenerife en la actualidad alcanza el 96% (supera el 100% si se excluye a los organismos y empresas), por lo que "se verán obligados a reducirla hasta el 75%", un hecho que "parece difícil de resolver en este momento", según expuso la consejera del Grupo Popular Pilar Merino. La misma recordó al gobierno insular que la obligatoriedad de aplicar esta medida se incluye en el Real Decreto de Medidas Urgentes emitido por el Gobierno central en el mes de diciembre pasado.

Pilar Merino aludió en su intervención al informe emitido por el interventor de la corporación al Presupuesto General del año en curso, y que tuvo sentido negativo, para argumentar esta afirmación y defender, con ello, las críticas vertidas por el vicepresidente y consejero insular de Economía, Competitividad y Turismo, Carlos Alonso, a las medidas económicas promulgadas por el Ejecutivo que preside Mariano Rajoy.

En su informe, Intervención dejaba claro que el Cabildo de Tenerife había excedido el límite previsto para el endeudamiento con la consiguiente repercusión que ello tiene en la financiación de las inversiones. Es más, en el documento se advertía del deber de "contemplar las medidas correctoras a adoptar en caso de que el legislador adopte un criterio más restrictivo" del estipulado para el año pasado, es decir, que no permita a las corporaciones incrementar el endeudamiento.

De ahí que Merino reprochara que el Cabildo incluyera en su Presupuesto para 2012, aprobado con los votos del gobierno insular (CC-PSOE) y el rechazo de la oposición (PP), un crédito por importe máximo de 56 millones de euros "para financiar la amortización de la deuda, no para hacer inversiones, cuando no se puede acudir a esa financiación si no es para inversiones". A juicio del PP, esa actuación del grupo de gobierno "es lo que tiene un efecto de parálisis de la economía".

Merino reclamó ajustes y restricción del gasto en lugar de incrementar el endeudamiento sin invertir, lo que la llevó a afirmar que le parece "vergonzoso" que desde el gobierno insular "se critiquen unas medidas duras y excepcionales, pero exclusivamente para 2012 y 2013" y que ella consideró como necesarias por los datos económicos heredados.