El portavoz de la Plataforma en Contra del Plan General de Santa Cruz, el abogado Felipe Campos, se reunió ayer en el Parlamento regional con el diputado de CC José Miguel Barragán y el representante del CCN en la Cámara, Ignacio González, para explicarles su versión sobre las posibles soluciones al conflicto del "fuera de ordenación". Según señaló a EL DÍA, la mediación de Barragán contribuyó a que convenciera en gran parte a González de que su propuesta es inviable, insistiendo en que esa catalogación se puede corregir dentro del propio PGO.

En su opinión, tanto el CCN como el PP quieren "eliminar" el artículo 34, "no para solucionar el fuera de ordenación, sino para que no se impida la construcción a mansalva. Un artículo sin el que quedarían legalizados los pelotazos".

Campos considera que la moción conjunta de Por Tenerife y Ciudadanos de Santa Cruz que se debate hoy en el pleno local ha de ser respaldada por cualquiera que "esté comprometido con el Estado de Derecho". Esta propuesta sobre el PGO ha sido consensuada también con la Plataforma y, según recalca, "enumera todas las ilegalidades objetivas que están incluidas en el Plan, de modo que lo que se plantea no es resolverlo este viernes, sino que ese documento sea la base para que, en el Consejo Rector de Urbanismo, se rehaga el texto cumpliendo con la ley, además de que, en esas reuniones, esté presente nuestra entidad".

Partidos contrarios

A su juicio, "no estarán a favor de la legalidad y de los intereses de los santacruceros los que voten en contra, que quedarán retratados oficialmente". "No están justificados los pretextos de algunos grupos que se oponen a que la Plataforma esté presente en los debates, ya que ha sido este movimiento el que supo ver el escándalo que conllevaba el Plan, que descubrió los pelotazos y las dimensiones del fuera de ordenación y que fue capaz de llevar adelante muchísimas reivindicaciones para pararlo, con miles de alegaciones".

El letrado sigue negando que existan dos formas de solucionar el "fuera de ordenación, que afecta a la mitad de la población. Lo cierto es que esta es una cuestión que se debe arreglar en el propio documento".

En su opinión, este problema "no les importa, en absoluto, a los grandes empresarios con intereses económicos importantes en que se apruebe el PGO, como tampoco le importa ni a Cristina Tavío ni al PP".