A casi ocho millones de euros asciende la cantidad que deberá reducir en gastos la empresa pública Transportes Interurbanos de Tenerife, SA (Titsa) este año porque, en caso contrario, "entrará en una situación peligrosísima". Así consta en el informe emitido por los auditores que elaboraron el Plan de Reestructuración del Sector Público Instrumental dependiente del Cabildo y que le transmitió el equipo negociador de la compañía al comité de empresa.

Virgilio Gómez, portavoz del sindicato mayoritario en el órgano laboral, Intersindical Canaria (IC), explicó que Titsa plantea que para alcanzar el equilibrio presupuestario "ellos están dispuestos a poner una parte y el resto estará a cargo de los trabajadores". De ahí que 4,8 millones de los casi ocho que es necesario reducir en el gasto de la empresa se pretendan detraer del coste aplicado al capítulo de personal.

"Nosotros seguimos sin entender por qué tenemos que cargar nosotros con la parte de la deuda bancaria derivada de que el Cabildo y el Ayuntamiento de Santa Cruz no le hayan pagado a Titsa", reiteró Gómez, quien también resaltó que "no nos corresponde a los empleados asumir la variación del precio de los combustibles, sino al dueño de la empresa que, en este caso, es el propio Cabildo".

En síntesis, a juicio del portavoz de IC, lo que sucede es que "el despilfarro que ha tenido el gobierno insular quieren que lo paguemos los trabajadores".

Si el 67% del importe a reducir estaría a cargo de la plantilla, el 33% (unos tres millones) restante procedería de la reordenación de la política social, es decir, del incremento del billete, de la imposición de un mayor coste para mayores y de la eliminación de algunos beneficios tanto a empleados como a colectivos.

Otras fuentes consultadas explicaron que de los primeros análisis realizados a los datos aportados por Titsa en la primera reunión de negociación del ERE se desprende que, "presumiblemente", se avecina "un tiempo complicado no exento de conflictividad a partir de las próximas semanas".

Hoy tendrá lugar una asamblea en el servicio urbano de Titsa al objeto de definir qué harán, ya que una de las condiciones para evitar despidos en la empresa es la unificación de su convenio con el del sector interurbano, lo que perjudicará económicamente a aquellos 258 empleados. Se espera que este extremo sea aceptado, no así otros aspectos que afectan al poder adquisitivo de los trabajadores.