El Boletín Oficial de Canarias publicó ayer una resolución del consejero regional de Política Territorial, Domingo Berriel, por la que declara concluso el procedimiento y, por tanto, archiva las actuaciones contenidas en el expediente del Plan Especial del Puerto de Santa Cruz de Tenerife.

La Consejería se dirigirá al consistorio, la Autoridad Portuaria y el Cabildo para notificar esta decisión, si bien matiza que, contra ella, puede presentarse un recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

En su resolución, el consejero indica que, el pasado 29 de mayo, la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente decidió el archivo y se lo remitió al consistorio el 7 de junio.

Para ello, apela al artículo 92.1 de la ley 30/1992, que dispone que, "en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca su paralización por causa imputable al mismo, la Administración le advertirá que, transcurridos tres meses, se producirá la caducidad del procedimiento y que, transcurrido ese plazo sin que el particular requerido realice las actividades necesarias para reanudar la tramitación, la Administración acordará el archivo de las actuaciones".

Además, se señala que el órgano competente para proceder al archivo de estas actuaciones es la citada Consejería, según la ley 19/2003, modificada en la ley 672006 de Ordenación del Territorio.

El plan del puerto comienza a tramitarse a escala regional desde julio de 2006 y, tras diversos procedimientos sobre el informe de sostenibilidad ambiental y otras cuestiones, el último paso se da el 18 de julio de 2011, cuando el director general de Ordenación del Territorio advierte al consistorio del riesgo de caducidad.

Debate municipal

La noticia de esta publicación en el BOC la difundió ayer al comienzo de la comisión de control al gobierno de Santa Cruz el primer teniente de alcalde, Julio Pérez. Lo hizo en pleno debate sobre el plan general local y para reforzar que, según el secretario municipal, es la Cotmac la que debe dilucidar si el PGO está o no caducado. Esto hizo que ediles como José Manuel Corrales (Por Tenerife), Pedro Arcila (SSP) o Guillermo Guigou reiteraran sus críticas por no aceptar el dictamen del catedrático Tomás Ramón Fernández y la caducidad del plan y la imposibilidad de la hoja de ruta local para suspender ámbitos.