El Ayuntamiento de Santa Cruz apostará por recuperar el servicio municipal de aguas, actualmente en manos de la empresa Sacyr Vallehermoso, en caso de que se garantice que esa medida no tendría coste para las arcas locales en forma de indemnización. Así lo manifestaron ayer todos los partidos con representación, salvo CC, que no se pronunció (pero parecía conforme), durante la comisión de control al gobierno y tras la petición de comparecencia realizada por el portavoz de Ciudadanos, Guillermo Guigou, al primer teniente de alcalde, Julio Pérez, para que explicase la postura municipal ante la sentencia que anula la privatización de Emmasa y las deudas de Sacyr con el consistorio, especialmente los 45,2 millones incluidos en el contrato y aún no invertidos en la ciudad.

Guigou reiteró que, a diferencia de lo que ha hecho hasta ahora, pedirá al Supremo en breve que se cumpla con esa sentencia e insistió en que quedará demostrado que, por los incumplimientos de la compañía, la recuperación del servicio no tendrá ningún coste para el ayuntamiento.

Respondía así a algunas dudas planteadas tanto por el propio Pérez como por el portavoz de Sí Se Puede, Pedro Arcila. Este edil se congratuló de que ayer se evidenciara un consenso general sobre la conveniencia de recuperar el servicio, aunque advirtió de las consecuencias que tendría para el consistorio el pago de indemnizaciones o la pérdida de una inversión de 45,2 millones que permitiría mejorar o construir muchas infraestructuras, al tiempo que se crearía bastante empleo. Además, y en línea con Guigou, criticó también las subcontratas existentes y que impiden el convenio o que haya empresas paralelas, como Santacrucera de Aguas, "que se usan para equilibrar las cuentas".

Pérez recordó que su partido (PSOE) sigue pensando que la privatización se hizo mal y que, como recalcó Guigou, Emmasa era antes de 2006 una empresa modélica y de magníficos resultados. Eso sí, indicó que los servicios jurídicos locales han informado por escrito de que, a su juicio, la sentencia pendiente del Tribunal Supremo ya se ha ejecutado porque se convocó luego un periodo de información pública, el motivo de la anulación.

No obstante, Guigou le replicó que la sentencia retrotrae el asunto al momento de la privatización y que el pleno ha de pronunciarse ahora sobre si quiere un servicio de agua público o privado. Por eso, se alegró del consenso inicial exhibido ayer, apoyó la idea de Arcila de crear una comisión del agua que debate la cuestión y eleve una moción institucional y se congratuló también de que el PP, por medio del concejal Carlos Garcinuño, admitiera que, aunque siguen creyendo acertado su respaldo a la privatización, el tiempo y los resultados hasta ahora prueban que, quizás, se equivocaron en ese apoyo.

José Manuel Corrales (Por Tenerife) fue muy crítico con la privatización y reiteró que se trata de una de las aguas "más caras de España, que ha subido un 20% en los últimos años, que se paga por servicios que ni se prestan y que la calidad se ha deteriorado".

Polvorín y PGO

Otra sentencia también cobró protagonismo ayer. Se trata de la emitida recientemente por el Tribunal Supremo respecto a la zona de seguridad del Polvorín de Geneto, espacio de almacenamiento de armas del Ministerio de Defensa. El Tribunal censura a la Gerencia de Urbanismo por permitir que se urbanizara esa zona de "seguridad nacional" (parte alta de La Gallega, El Sobradillo, Tíncer, Geneto y Taco) e impide cualquier vivienda nueva o infraestructura. Arcila, que fue felicitado por el gobierno por difundir este asunto, preguntó qué pasará si la promotora exige indemnizaciones.

Por su lado, el debate sobre el PGO, que se aprobará hoy en la comisión de control, repitió los mismos argumentos ya archiconocidos. Julio Pérez insistió en que "la única" forma de resolver el fuera de ordenación y las áreas polémicas es aprobando "de forma parcial" el PGO, suspender esos ámbitos y corregirlos luego en un plazo de seis meses. Ana Zurita (PP) cree que no solo no se aportan soluciones concretas, sino que aprecia tanta debilidad técnica y jurídica sobre esas partes claves que duda del apoyo de su partido, mientras que el resto de grupos consideran que se respaldará el plan de Zerolo (Pérez lo niega), "los pelotazos y la especulación".