En torno a las 5:45 horas de ayer sonó el bucio en Cho Vito anunciando la llegada del dispositivo montado por la Dirección General de la Sostenibilidad y el Mar para demoler las nueve casas que formaban el poblado marinero de Candelaria. En torno a las 7:00 se inició el desalojo de los vecinos. El primero fue Tomás González, el portavoz de este grupo. Después, le siguieron todos los demás hasta pasadas las 10:30 horas. Antes, a las 9:56, la pala comenzó a derribar "el símbolo" de esta lucha: la casa de Tomás.

Terminaba así la actuación iniciada el 7 de octubre de 2008, cuando la entonces Dirección General de Costas demolió 31 viviendas en Cho Vito amparándose en sentencias firmes "que solo autorizaban a entrar en nuestras casas, no a demolerlas", recordaron ayer los afectados. Los mismos que recibieron molestos al alcalde de la Villa Mariana, José Gumersindo García, quien se personó en Cho Vito después de las 7:00 horas rodeado de efectivos de seguridad. Algunos de los afectados se dirigieron al regidor reprochándole su actitud y culpándole de lo sucedido.

"No pedíamos clemencia sino derechos. Hay nueve familias en desamparo y cuatro administraciones han tenido la piqueta delante de nuestras puertas para que negociáramos", afirmó Tomás González, para quien también "el alcalde dice que ha ofrecido el oro y el moro, pero no ha tenido agallas para estar delante de los vecinos. No han sido claros en ningún momento y mandaron a la prensa el preacuerdo antes que a los propios vecinos".

José Gumersindo García Trujillo abandonó Cho Vito con la negativa de los afectados a aceptar su ofrecimiento de 12.000 euros en concepto de alquiler para cada familia hasta que dispongan de una vivienda social. La población quiere una casa en propiedad, o sea, lo mismo que terminaron de perder ayer.

La entrada a las viviendas de Cho Vito se realizó sin contar con autorización judicial, informaron los vecinos, quienes denunciaron ante la Guardia Civil por tal motivo a la responsable de la Demarcación de Costas que tiene a su cargo el expediente así como al jefe del operativo.

Fueron unas ocho horas de tensión permanente durante las que los desalojados se concentraron en la aledaña playa de Caletillas, acompañados de muchos vecinos y gente solidaria con esta causa, así como por medios de comunicación y concejales del PP y de CC.

Exceso de celo

La llegada de cada vecino "despojado de su casa" era recibida con aplausos y vítores que se confundían con expresiones contra los guardias civiles y el alcalde, especialmente. De cada experiencia contada se desprende, y así lo comunicó el portavoz, que durante la intervención hubo momentos en los que los agentes pudieron actuar con exceso de celo y hasta dando porrazos. De hecho, el joven Diego tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario, donde le hicieron algunas pruebas y le colocaron un collarín.

La presencia de la ambulancia se registró pasadas las 9:30 horas, cuando ya estaba avanzado el proceso de desalojo y después de que se produjeran algunas lipotimias leves.

Fueron más de 50 los efectivos de la Guardia Civil los que intervinieron ayer en Cho Vito, cuya demolición se completa cuatro años después. Los afectados siguieron señalando como la causa de esta actuación la obligación que tiene el Gobierno central de justificar la inversión de casi 1.200.000 euros procedentes de la Unión Europea en la realización del paseo que ocupará el lugar. El plazo para ello expirará el 31 de diciembre.

Pero Tomás González fue claro al señalar a las cuatro administraciones y a todos los partidos políticos como corresponsables de lo sucedido en el poblado marinero. Para él y para el resto de sus convecinos, la demolición de Cho Vito "ha sido una decisión política".

Pero la desaparición de sus casas no supone el fin de "esta lucha que ha merecido la pena". No les amilana el hecho de que existan sentencias firmes que situaban las viviendas en zona de dominio público marítimo-terrestre, que ninguna de sus acciones de protesta y denuncia pública, así como las judiciales, les hayan permitido alcanzar su objetivo. Ayer ya anunciaron que no han agotado todas las vías ya que han presentado recursos judiciales aún pendientes de resolución.

Después de decir todo esto y de pronunciar, por enésima vez, que "la casa del alcalde también es ilegal", anunciaron que los seis vecinos que iniciaron una huelga de hambre el lunes abandonaban la misma. A renglón seguido, se marcharon hacia el Ayuntamiento de Candelaria, donde ocupan el salón de plenos desde primera hora de la tarde de ayer. Allí residirán "hasta que las administraciones nos den una solución", afirmó Tomás González.

El alcalde lamenta el rechazo

El alcalde de Candelaria lamentó que los vecinos rechazaran la propuesta de las cuatro administraciones "que les hubiera permitido garantizar una vivienda". José Gumersindo García recordó que entre otras posibilidades les ofertaron un alquiler durante dos años y el acceso preferente durante ese tiempo a una vivienda social en alquiler. Asimismo, dijo no entender que después de la demolición, "los vecinos prefieran pasar la noche en el salón de plenos antes que aceptar las opciones de las administraciones".

Aurelio Abreu, senador del PSOE, buscó culpables al recordar que "este expediente lo inició el gobierno de José María Aznar y lo culmina el de Mariano Rajoy; es decir, ha sido la derecha de este país la que ha desalojado a estos vecinos y derribado sus casas sin ofrecerles más opciones ni alternativas". Las primeras demoliciones las hizo el socialista Rodríguez Zapatero. Al tiempo se preguntó "dónde están ahora" Pablo Matos, Antonio Alarcó y Cristina Tavío, asegurando que ningún representante del PP dio la cara "ahora que se está haciendo efectiva la sentencia de derribo". Hubo dos concejales del PP y una de CC; ninguno del PSOE.