La Justicia dio ayer 5 días al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para responder a la petición de ejecución forzosa de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 que anula el acuerdo plenario por el que se privatizó Emmasa el 22 de julio de 2005.
"Estamos tranquilos", aseguró ayer Dámaso Arteaga, edil de Servicios Públicos y presidente de Emmasa. Arteaga tildó la notificación judicial de "incidente" y dijo que esta "no modifica en absoluto" la postura del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Así, el consistorio da por cumplida la sentencia, ya que se publicó la memoria relativa al cambio de modelo de gestión de los servicios públicos relacionados con el ciclo integral del agua en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 26 de noviembre de 2010.
"Tenemos 10 días para aportar las pruebas que acreditan que hemos cumplido la sentencia", abundó Arteaga.
Sin embargo, en la petición de ejecución forzosa que realizó Ángel Isidro Guimerá ya apuntaba que el consistorio había empezado a ejecutar esta sentencia. Pero aseguraba que, una vez presentadas las alegaciones, estas no se habían resuelto. "Con ello se sigue incumpliendo la ejecución de la sentencia, porque las observaciones de particulares y entidades que puedan realizarse durante los 30 días de exposición pública de la memoria tendrían luego que debatirse por los concejales en el Pleno que a tal efecto ha de convocarse", argumentaba Guimerá en el escrito que presentó al Juzgado el 27 de diciembre pasado.
El consistorio mantiene que se ha cumplido la sentencia, según los informes realizados por los Servicios Jurídicos y el secretario del Pleno. El texto, de una redacción farragosa, sostiene: "Subsanado que ha sido el trámite omitido con la exposición pública de la Memoria, el citado acuerdo deviene plenamente válido".