El abogado Ángel Isidro Guimerá, impulsor junto a Guillermo Guigou (ambos en las filas de Ciudadanos de Santa Cruz) de la denuncia que ha derivado en una sentencia que anula la concesión del servicio de aguas en la ciudad en 2005, ha solicitado la ejecución forzosa de dicho fallo, ya que no comparte la postura del Ayuntamiento de Santa Cruz, que considera que "ya está cumplida".

Indicó que para que dicha sentencia esté ejecutada en sus propios términos "hay que reproducir un acuerdo plenario y sacar a exposición pública la memoria, para que los ciudadanos puedan hacer unas alegaciones al cambio de modelo de gestión de agua", lo que supone, según Guimerá, volver este proceso a su inicio.

En este sentido, el abogado explicó que, para que se dé por cumplida la sentencia, "habría que celebrar un nuevo pleno, en el que se debe votar por la nueva gestión o recuperar el modelo público; en caso de cambio, determinar la participación del Ayuntamiento y, en tercer lugar, volver a sacar a concurso el servicio para que se puedan presentar las entidades que tengan derecho a ello".

Ángel Isidro Guimerá consideró que, en el caso de un acto anulable, se puede subsanar el defecto, y precisó que cuando se trata de un acto nulo, como la privatización de Emmasa, "no se puede derivar ninguna consecuencia, incluida la adjudicación a Sacyr", por los que, insistió, "hay que celebrar un pleno en el que se debata sobre gestión pública o privada".

Además, añadió que "el ayuntamiento cuenta con instrumentos suficientes para desprenderse de la empresa concesionaria", pues consideró que "Sacyr ha incumplido el pliego de condiciones de adjudicación, tanto por la realización de subcontrataciones ilegales como por la falta de inversión en las mejoras prometidas".

Por ello, señaló que el consistorio debería llevar esta anulación a los tribunales "mientras saca un nuevo concurso". Asimismo, se mostró convencido de que la corporación "no tendrá que pagar a Sacyr ninguna indemnización", y descartó que "deba devolver los 71 millones del canon de depósito", pues explicó que en la actualidad esta empresa "actúa mediante una acuerdo declarado nulo".

El concejal de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y presidente de Emmasa, Dámaso Arteaga, explicó que, cuando en 2010 se sacó a exposición pública la Memoria, se produjo una sola alegación.

Arteaga recordó que esta no versaba siquiera sobre la privatización del servicio de aguas, sino sobre la adjudicación.

De cualquier forma, el edil de Servicios Públicos recordó que confían plenamente en el informe del secretario del Pleno.

"El defecto procedimental que determina la anulabilidad del acuerdo afecta a la cadena rituaria de gestación del mismo, y por tanto subsanado, que ha sido el trámite omitido con la exposición pública de la Memoria, el citado acuerdo deviene plenamente válido, y con ello las actuaciones posteriores (el procedimiento contractual y el contrato del mismo) lo son también por aplicación de lo que establecen los artículos 64.1 (incomunicación de los vicios procedimentales a las actuaciones sucesivas) y 66 (conservación de actos y trámites), ambos de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, teniendo en cuenta además que estos últimos no han sido objeto de la litis, lo que los deja fuera del fallo habida cuenta del carácter rogatorio del proceso contencioso-administrativo".

Este texto forma parte de la resolución que se aprobó en el Pleno sobre Emmasa del pasado 27 de diciembre, aunque solo con votos del grupo de Gobierno.