La Justicia europea ofreció ayer a los afectados por los procedimientos de desahucio lo que las instituciones españolas no han podido darles: una esperanza. Una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha definido el sistema que se emplea en nuestro país como contrario a la normativa comunitaria.
En esencia, lo que ha determinado el tribunal europeo es que las medidas que regulan en España los desahucios por el impago de una hipoteca son contrarias a la legislación europea que busca proteger a los consumidores de las cláusulas abusivas, puesto que impiden que el juez competente paralice un proceso de ejecución hipotecaria si considera que alguna de las cláusulas del contrato es abusiva.
Tanto el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, se apresuraron a garantizar que el Ejecutivo cumplirá la decisión judicial.
El portavoz del Partido Popular en el Congreso, Alfonso Alonso, adelantó que la legislación hipotecaria se modificará para evitar que una persona que haya presentado una demanda por cláusulas abusivas en su préstamo, admitida por el juez, pueda perder su vivienda antes de que la justicia resuelva sobre la denuncia.
Alonso explicó que ésta es la corrección principal a la que obliga la sentencia del Tribunal de la UE y confirmó que se ampliará el plazo de enmiendas de la ley que se tramita en el Congreso para introducir los cambios necesarios.
El portavoz de los populares matizó que el fallo no cuestiona el sistema de ejecución hipotecaria español en su conjunto, sino que insta a mejorar algunos aspectos. Tanto el PP como el Gobierno están analizando al detalle los argumentos de la sentencia para decidir de qué manera se mejora la legislación española, apuntó.