Solo las cuestiones referidas a asuntos que implicaban al Gobierno de España impidieron el consenso total durante el pleno celebrado ayer por el Cabildo. En apenas ocho minutos "liquidaron" 16 de los 22 puntos del orden del día. Pero una moción del Grupo Popular sobre las urgencias médicas ralentizó la sesión. Curiosamente, la propuesta aprobada fue la de CC y PSOE, grupo de gobierno que planteó un texto alternativo en el que la corporación "insta al Gobierno de España al abono de la deuda sanitaria reconocida y exigida por todos los grupos políticos representados en este Pleno, permitiendo así la puesta en marcha del necesario Plan de Urgencias Canario". O sea, unos 1.200 millones de euros (o más) que el Ejecutivo central ha ido sumando en legislaturas sucesivas y desde hace varias.

"Lo único que nos ha distanciado es no querer reclamar ese dinero al Gobierno central", dijo la portavoz de CC, Cristina Valido, respondiendo al presidente-portavoz del PP, Antonio Alarcó, quien expuso que a los populares "nos duele en lo profundo no llegar a un acuerdo institucional".

Esta propuesta del PP surgió a raíz del "peregrino argumento" (Alarcó) empleado por el presidente de Canarias, Paulino Rivero, para justificar la saturación de las urgencias en los hospitales. Cabe recordar que responsabilizó (corrigió después) a las familias de que haya 400 camas ocupadas por personas que no están enfermas.

Alarcó planteó que la solución, que no "milagro", a la situación del servicio pasa por la aplicación del Plan de Urgencias Canario, incidiendo en que eso es posible hacerlo "a coste cero". También demandó la coordinación en el uso de los recursos sanitarios públicos y privados, siendo indispensable incluir los sociosanitarios.

El gobierno fue igual de tajante al negar la viabilidad del coste cero al que aludió Alarcó, llegando Valido a afirmar que los técnicos cifraron el desarrollo del Plan en 1.900.000 euros. La portavoz leyó declaraciones de la exconsejera regional de Sanidad, Mercedes Roldós, en las que ésta (durante el mandato anterior) reclamaba insistentemente la deuda que tenía con Canarias el Gobierno presidido por Rodríguez Zapatero.

El vicepresidente primero, Aurelio Abreu, trajo al Pleno el nombre de José Manuel Soria como vicepresidente del Ejecutivo canario recordando que el hoy ministro argumentó, entre otras cosas, la tibieza de CC en la reclamación de ese dinero ante Madrid para justificar la ruptura del pacto que mantenían populares y nacionalistas.

Instar al Gobierno de Canarias a la apertura inmediata de las Urgencias del Hospital del Norte, así como la financiación "adecuada" de la derivación de personas que, ocupando plazas hospitalarias habiendo obtenido el alta médica, precisen de atención sociosanitaria son otras medidas incluidas en el acuerdo plenario para descongestionar las Urgencias.

El aborto divide el voto de los nacionalistas

El PSOE logró ayer que el Pleno del Cabildo inste al Gobierno de España a retirar el anteproyecto de Ley del Aborto. Claramente, el PP rechazó la moción y su presidente-portavoz, Antonio Alarcó, hizo una defensa de la legislación que propone el Ejecutivo que sustenta su partido argumentando no solo cuestiones sanitarias y legales, sino el recurso de la política del consenso a la que alude constantemente en el foro plenario. Desde el gobierno insular, Aurelio Abreu criticó el anteproyecto de ley esgrimiendo su cariz ideológico, su repercusión negativa en la mujer y, en resumen, calificando la Ley de "injusta, innecesaria, retrógrada, sádica e inútil"

Pero el coste en CC de este asunto fue muy elevado. La propuesta socialista fue aprobada con 16 votos de los 31 votos del Pleno, que se correspondieron con 6 del PSOE (no acudió a la sesión José Luis Valbuena) y 10 de CC, a pesar de que asistieron los 15 al Pleno. ¿Qué ocurrió? Que los consejeros Víctor Pérez y Eduardo Pintado abandonaron el salón para no votar, mientras que Miguel Díaz Llanos, Pino de León y José Joaquín Bethencourt se abstuvieron.

El texto aprobado finalmente incluye, además, instar al Gobierno de Canarias "a que se comprometa, dentro de sus competencias, a asegurar que la interrupción voluntaria del embarazo se pueda realizar en la red sanitaria pública, en los términos requeridos al Gobierno español de seguridad y salubridad para las mujeres y el personal sanitario".

En la reclamación para la instalación del radar meteorológico en la Isla sí contó con el apoyo unánime del Pleno. En forma de acuerdo institucional, se trata de "cubrir las carencias de cobertura en la vertiente norte de Tenerife y de La Palma".

Por otra parte, el director insular de Movilidad, Manuel Ortega, dejó claro ante el Pleno que el Cabildo colaborará con la patronal Ashotel en las gestiones para lograr la puesta en marcha de una línea aérea, manifestando con rotundidad que la Corporación insular no formará parte de la misma.

Antonio Alarcó manifestó que espera esta misma actitud de la administración "con esta y cualquier otra compañía" que permita la mejora de la conectividad de la Isla, una línea de trabajo en la que ya está inmerso el grupo de gobierno, según defendió el presidente de la corporación y responsable del área de Turismo, Carlos Alonso.