El consejero de Carreteras del Cabildo de Tenerife, José Luis Delgado, ha defendido este martes la colaboración público-privada para acometer el cierre del anillo insular en la isla y la construcción de 15 nuevos centros educativos en el archipiélago, proyectos que implicarán inversiones de 500 millones para crear unos 3.700 empleos --2.200 indirectos--.

"En los próximos diez años, la única forma de sacar adelante las grandes obras de infraestructura que están pendientes en Tenerife es la colaboración público privada", ha dicho durante la inauguración de la jornada ''Cooperación Público Privada para el Impulso de las Infraestructuras''.

A esta iniciativa asistieron más de 100 empresarios y participaron un total de 15 ponentes, entre ellos, altos cargos del Ministerio de Fomento, de entidades financieras como BBVA o Caixabank, o prestigiosas consultorías como Price Waterhouse Coopers (PwC) o Corporación5.

A lo largo de sus ponencias, presentaron las distintas alternativas que abre la cooperación entre empresarios y administraciones públicas para crear, financiar y mantener infraestructuras de interés general.

DENUNCIA A FOMENTO

Durante su intervención, el consejero denunció que mientras el Ministerio de Fomento no invierte en las carreteras de Canarias, los ciudadanos del archipiélago sí tienen que asumir "el enorme agujero que la mala gestión de las autopistas de peaje va a ocasionar a las arcas públicas del Estado".

De hecho, en España, de las nueve concesiones de autopistas de peaje real que tienen problemas de viabilidad económica, ocho están en concurso de acreedores, y todas se encuentran en fase de explotación, comentó.

Además, la inversión realizada en obras más expropiaciones en estas autopistas es de 5.500 millones de euros, y la deuda con los bancos financiadores de estos proyectos asciende a 4.000 millones.

El encuentro fue inaugurado por el vicepresidente de la Cámara de Comercio, Hoel Pérez Rienda, quien señaló que desde que estalló la crisis, la inversión pública ha caído en picado. "Hemos asistido a una reducción drástica en los niveles de inversión pública en obra civil, en algunos casos incluso llegando a desaparecer el gasto destinado al mantenimiento", indicó.

ACTIVO ESTRATÉGICO

Tal y como destacó el vicepresidente de la Cámara, "las infraestructuras son un activo estratégico para Canarias por su efecto multiplicador en la economía, y cada euro invertido en obra pública revierte su valor en la sociedad, ya sea por los puestos de trabajo que genera, el efecto de arrastre que produce en otros sectores, o los retornos fiscales que aporta a las arcas públicas".

Pérez Rienda detalló que el tejido empresarial, y especialmente el sector de la construcción, ha reclamado que se busquen fórmulas alternativas para paliar la "caída brutal" de inversión de todas las administraciones públicas, que ha provocado la eliminación de miles de puestos de trabajo y la desaparición de muchas empresas.

ANILLO INSULAR

Concretamente, Delgado se refirió al cierre del anillo insular, para el que se requiere una inversión de 400 millones de euros, y dijo que "las empresas canarias deben de prepararse para participar de esta gran obra y no que solo vengan empresas de fuera".

Su intención es licitarla en 2014 bajo la fórmula pública-privada, e insistió en que el coste social de no ejecutar la obra es de más de 269 millones de euros anuales.

En su opinión, la rentabilidad de esta obra para Tenerife justifica su inmediata construcción. Esta obra beneficiaría directamente a más de 20.000 vehículos diarios y a 60.000 indirectamente, y generaría empleos directos para más de 500 personas y cerca de 100 durante los 35 años de explotación.

"Una sola generación no puede echarse a la espalda el coste de una infraestructura, y más cuando su media de vida es de 35 años. Lo lógico es que la carga se reparta entre todos los que van a disfrutarlo", comentó.