El Plan de Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial se incumple con la venta del Casino Playa de las Américas ya que la segunda fase del mismo solo podía comenzar cuando concluyera la primera, cuyo plazo de terminación expira con el primer semestre de este año.
Se trata de uno de los argumentos expuestos por los 140 trabajadores de los tres casinos del Cabildo, a través de los sindicatos UGT y CCOO. "Que Carlos Alonso diga la verdad: Casinos de Tenerife no le cuesta un duro a la sociedad. La deuda que tienen la impuso el Cabildo", aseguró Luciano Rivero, trabajador del Casino Santa Cruz, en alusión al presidente de la Corporación insular.
Gustavo Santana, secretario general de UGT, y Manuel Fitas, secretario de la Federación de Comercio, Hostelería y Turismo de Comisiones Obreras (CCOO) en Canarias, argumentaron la sospecha de que el gobierno del Cabildo pretende favorecer el interés privado por encima del general en el caso de la venta del Casino Playa de las Américas. Fitas se hico eco de la existencia de un gran proyecto turístico para el Sur de la Isla cuyos promotores (mencionó explícitamente al Grupo Floral y a Hard Rock Cafe) transmiten que para realizarlo es imprescindible contar con un casino.
Casinos de Tenerife "es la empresa del Cabildo que más beneficio genera a la sociedad", unos 5 millones de euros para las ONG en el periodo 2009-2012.
Los tres casinos comparten la Gerencia y la gestión administrativa, por lo que habrá exceso de personal desde que prescindan de uno de ellos.
La peor situación la vive el Casino Taoro. Su personal afirmó que la deuda está motivada por la inversión, superior a 15 millones de euros, que realizó la empresa pública para la remodelación del Lago Martiánez, sobre todo, y de las instalaciones que ocupa, así como por una multa de cinco millones de euros impuesta por Hacienda en 2008. "Si venden el Sur, habrá que cerrar el Taoro".
"No hay motivo legal ni económico" para la venta del Casino Playa de las Américas. Esta aseveración de Santana precedió a la referida a que "es una decisión nula de pleno derecho" siendo la venta, además, "una de las cinco opciones que les dieron los informes que pagaron".
Gustavo Santana concluyó anunciando que adoptarán las medidas que sean necesarias y explicando que no entienden que este asunto, de ámbito insular, se trasladado a la mesa de seguimiento del pacto regional.