Todos los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y la Plataforma Antidesahucios de Tenerife han anunciado actuaciones contra la concejal de Vivienda, Ángela Mena, a la que acusan de criminalizar la pobreza tras la filtración de datos de una persona que ocupa una vivienda de forma ilegal en la capital.

En una rueda de prensa conjunta la portavoz de la Plataforma Antidesahucios, Inma Évora, y los concejales Cristina Tavío (PP), Asunción Frías (Sí se Puede), José Manuel Corrales (Por Tenerife) y Guillermo Guigou (Ciudadanos de Santa Cruz) reiteraron su petición de que Mena dimita o sea cesada inmediatamente por el alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez.

Los hechos que critican la oposición y la Plataforma Antidesahucios se refieren a la publicación en medios de comunicación del expediente, con todos los datos personales, de una mujer que ocupa una vivienda en un barrio de la capital.

El concejal de Por Tenerife José Manuel Corrales dijo que este asunto "raya en el delito" y se enmarca en la estrategia de la edil de Vivienda "de criminalizar la pobreza enfrentando a pobres contra pobres", mientras que Asunción Frías, de Sí se Puede, anunció que pedirá una investigación en el consistorio acerca de este hecho.

Además Sí se Puede seguirá "presionando" al alcalde José Manuel Bermúdez para que cese a Ángela Mena porque "sobran razones" para ello ante "su nefasta gestión" y advirtió de que ante la gravedad de la filtración de unos datos personales, si no se aclara en el Ayuntamiento, se llegará a los tribunales.

Frías aseveró que "pone la mano en el fuego" por los trabajadores sociales que llevan el caso y a los que en su opinión desde el área de Vivienda se pretende "culpabilizar".

Guillermo Guigou ironizó sobre el hecho de que si la investigación sobre este asunto termina como la del padrón municipal "te la regalo" y criticó la descoordinación "absoluta" que a su juicio existe entre los servicios municipales de Vivienda y el Instituto Municipal de Atención Social (IMAS), lo que calificó de "preocupante".

A su juicio, en este ámbito se carece de un criterio común y coordinado y se actúa "como reinos de taifas", al tiempo que se preuntó si alguna vez se sabrá la cifra de cuántas viviendas vacías hay en la ciudad.

Cristina Tavío, portavoz del grupo Popular, coincidió en que es "de máxima gravedad" el que se filtren los datos de un expediente administrativo de un ciudadano y ello "vuelve a colocar al Ayuntamiento bajo sospecha".

Tavío exigió al alcalde José Manuel Bermúdez "un giro" en este asunto y que asuma las competencias en materia de vivienda para empezar a promover los planes de rehabilitación, de los que puso como ejemplo al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, y que en Santa Cruz de Tenerife están "paralizados".

Ello generaría una inversión de unos 38 millones de euros y unos 800 puestos de trabajo, además de proporcionar viviendas a vecinos que ahora son "víctimas" de la gestión "de una concejal".

Inma Évora, la portavoz de la Plataorma Antidesahucios, afirmó que tras la filtración del citado expediente administrativo la persona que ocupa ilegalmente la vivienda ha sido denunciada en los juzgados y señaló que su organización emprenderá todas las acciones que estén en sus manos para tratar de resolver el incidente.

"La gente busca una solución a sus problemas y si ésta pasa por autotutelarse un derecho, lo seguirá ejerciendo, buscará un techo aún a costar de ser criminalizados", aseveró Inma Évora.

El concejal José Manuel Corrales dijo que apoyará a la Plataforma en todas sus denuncias y propuso al alcalde que cese a Ángela Mena o la envíe "como cónsul honorario al Vaticano", pues en su opinión la edil no ejerce como tal "salvo para fiestas, actos de protocolo y como peregrina a Roma".