La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Cristina Tavío, ha asegurado hoy que el Defensor del Pueblo investigará la ejecución de los fondos de vivienda transferidos a Canarias y los planes de rehabilitación que no se han puesto en marcha.
En concreto, Tavío se ha referido a los planes de rehabilitación que, según ha afirmado, aún no ha puesto en marcha por el ayuntamiento de Santa Cruz y que afectan a más de 1.000 viviendas en barrios de la capital tinerfeña.
Tavío ha indicado que la defensora del Pueblo, Soledad Becerril, le confirmó hoy personalmente que investigará estos fondos en una reunión a la que también asistió la concejal Ana Zurita.
La portavoz municipal ha valorado la "celeridad" con la que la institución ha admitido a trámite las quejas ciudadana, materializadas en otras 280 firmas que hoy se sumaron a las 725 presentadas el pasado mes de abril, según señala una nota del PP.
"Lo ocurrido con los fondos transferidos a Canarias para los dos últimos planes de vivienda es gravísimo", ha señalado Tavío, quien ha considerado que los ciudadanos tienen derecho a saber la verdad, "qué se ha hecho con ese dinero y por qué no se han ejecutado los planes".
Según Tavío, en el caso de Santa Cruz ha quedado acreditado que se transfirieron más de dos millones de euros para la rehabilitación de los barrios de Ofra, Santa María del Mar, la Candelaria, El Toscal y La Salud.
Esta inversión, ha agregado la edil del PP, habría supuesto una inversión que habría alcanzado los 38 millones de euros si se hubiese iniciado su ejecución "y si el Ayuntamiento, el Cabildo y el Gobierno de Canarias hubiesen desembolsado sus correspondientes partes de la financiación, comprometida en los respectivos convenios".
Ha añadido que la ejecución de los convenios habría permitido que miles de familias en toda Canarias tuviesen sus viviendas en condiciones de habitabilidad después de décadas de espera y, a su juicio, habría supuesto la creación de más de 2.000 puestos de trabajo en las islas en la construcción.
En la nota, el grupo Popular confía en que la investigación abierta por la Defensora del Pueblo aclare lo ocurrido con los fondos transferidos, "y que los mismos puedan recuperarse para iniciar los planes de vivienda pendientes".